La Constitución de 1991 tuvo un logro que no ha sido reconocido lo suficiente, devolverle la majestad al Congreso de la República para que asumiera su función principal de legislar. Hasta ese momento, se había vuelto cotidiano en ese recinto que la expedición de casi todas las normas se delegara en el presidente de la República, un cheque al portador que contravenía la razón misma de la división de los poderes públicos como forma de pesos y contrapesos en el funcionamiento del Estado. Desde sus orígenes la Corte Constitucional ha sido bastante puntillosa con este tema y por eso ha salvaguardado que tales delegaciones no se excedan de las funciones que son de la esencia misma del legislativo.
No obstante, el recientemente presentado proyecto de Plan Nacional de Desarrollo trae incorporada la solicitud para que se concedan facultades extraordinarias al presidente Petro en por lo menos 13 aspectos diferentes, según lo que se ha conocido hasta ahora. Estas facultades han sido pedidas para temas diversos, algunos relacionados con la estructura de la función pública hasta cosas tan puntuales como la compra del hospital San Juan de Dios con el fin de convertirlo en una entidad pública de la rama ejecutiva. Ni se deben conceder facultades extraordinarias para espectros tan amplios que puedan derivarse de allí cualquier decisión sin control alguno, ni para temas tan puntuales como la adquisición de un bien para transformarlo. Lo primero es abrir un abanico sin cortapisas y lo segundo es reducir a cosas muy elementales un Plan de Desarrollo que en su misma concepción debe estar destinado a pensar el país en temas estructurales.
Hay que ser claros en que no es Gustavo Petro el primer presidente en solicitar facultades extraordinarias en un Plan de Desarrollo, pero no por eso debería simplemente aceptarse. Cada que el Congreso hace esto cede su función legislativa. Sí es Petro el primer mandatario en pedir facultades tan poco precisas y en temas que sería mejor analizar profundamente en el Congreso, como la política de drogas, la supresión o creación de dependencias de Estructura Orgánica del Estado. El voto programático en Colombia busca que el programa de Gobierno inscrito llegue a convertirse en ideas de un Plan de Desarrollo para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento a que lo prometido se cumpla, pero eso tiene que conciliarse con la visión a largo plazo del Estado. Ese es el fin principal, que no sean temas de Gobierno, sino de país las metas trazadas para que haya continuidad en las ejecutorias y programas.

Ya habrá oportunidad de ahondar en los diferentes temas que entraña este Plan, que busca hacer cambios estructurales en varios asuntos en el país, pero de entrada llegar con una petición para hacer aún más poderoso el Ejecutivo, algo que cuestionaba el mismo Petro cuando era congresista, no es precisamente lo mejor cuando se pregona que se quiere fortalecer la democracia. La razón de ser del Congreso de la República es ser un foro de debate para que se pueda ampliar la idea sobre cualquier iniciativa. Renunciar a esa posibilidad es simplemente desentenderse de su competencia.