Queremos llamar la atención para que se resuelva pronto la apelación y el fallador de segunda instancia dirima lo más pronto la situación y dé tranquilidad a los involucrados y a la ciudad, porque ya hay temor de que si las cosas son como han planteado desde la Fiscalía, se busque eliminar testigos o personas que han estado detrás de las investigaciones.

Manizales es una ciudad que se ha caracterizado por la baja tasa de homicidios en los últimos años. En parte, seguro que contribuye a estas cifras el hecho de que aquí la justicia ha obrado en la mayoría de los casos.

Es difícil que un crimen quede impune porque el trabajo mancomunado entre los organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía ha funcionado, a pesar de las dificultades que puedan presentarse en el desarrollo de las investigaciones y en los procesos judiciales.
Este año, la ciudad ha visto 17 homicidios, de los cuales 15 han tenido resolución con las investigaciones y se ha llegado a sus autores materiales. Una altísima tasa, que dista mucho de la percepción que tienen los ciudadanos de impunidad que campea en este país de violencias. De esos asesinatos en Manizales, cinco los han cometido sicarios y, de estos, cuatro parecen estar relacionados con la misma situación: un grupo distribuidor de drogas que quiere apoderarse del negocio ilícito en la ciudad.
Así lo dejaron claro investigadores de la Sijín y fiscales encargados del caso en la audiencia de imputación de cargos contra alias Culebro, quien fue señalado por varias personas en la etapa de indagación previa y en el desarrollo de los procesos contra varios detenidos, incluido el tercero al mando de la llamada oficina de sicarios de la Galería. No se trató de una cacería de brujas o de forzar el nexo causal entre los crímenes y quien pudo idearlos como determinador. Al contrario, lo que hubo fue una investigación que, de acuerdo con lo sostenido por el ente acusador, se tomó tres meses de la Policía Judicial, de la misma Fiscalía, que, como es obvio, no dicta sentencia, pero reunió los requisitos probatorios para sumar los indicios necesarios y dar el golpe de la captura en el momento oportuno y presentarlos ante un juez de la República.
Sin embargo, llegamos al paso malo. El juez, al hacer uso de su autonomía judicial, decidió que no se cumplían los requisitos para ordenar la detención intramural del capturado y lo dejó en libertad, sorprendiendo a autoridades judiciales y de Gobierno, que estaban convencidas de que todo lo habían hecho bien. Es evidente que no queremos desde esta tribuna juzgar al juez, pero sí queremos llamar la atención para que se resuelva pronto la apelación y el fallador de segunda instancia dirima lo más pronto la situación y dé tranquilidad a los involucrados y a la ciudad, porque ya hay temor de que si las cosas son como han planteado desde la Fiscalía, se busque eliminar testigos o personas que han estado detrás de las investigaciones.
El derecho a la presunción de inocencia debe respetarse y eso no tiene pero. Sin embargo, también es importante que los jueces valoren en toda su dimensión las pruebas, que en esta etapa procesal se requieren para sumar indicios probatorios y será en el desarrollo del juicio que se demuestren culpabilidades o inocencias. Esa es la tarea del juez, pero en este tipo de escenarios, como ya nos lo ha demostrado la historia judicial colombiana, puede resultar contraproducente que esté en libertad quien al parecer tiene mando y poder de decisión sobre estructuras armadas que solo saben convencer por la fuerza de las armas.