Haber revivido en el Senado la reforma laboral no puede ser una jugadita política, como tampoco una medida populista para asegurar electores. Los trabajadores y los empresarios (pequeños, medianos y grandes) son la columna vertebral de la economía nacional, no puede quedar a merced de dos fuegos opuestos lo que será el futuro de las relaciones laborales en el país. Es una iniciativa con contenidos que pueden ayudar a mejorar las condiciones de trabajo, pero definitivamente hay otros asuntos que siguen siendo muy riesgosos de aplicar y en ellos se deben detener los senadores para estudiarlos y evaluar su pertinencia.
El núcleo está en el incremento de los recargos por trabajo dominical y festivo, que pasarían de 35% a 100%, y en el inicio del horario nocturno y pago de recargos desde las 7:00 de la noche, ya no desde las 9:00 de la noche. El Senado también debe centrarse en discutir la petición de los gremios para que se excluya de estas medidas a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque de lo contrario será arrojarlas a la nociva informalidad o a la eliminación de puestos de trabajo. Buscar justos medios, haciendo excepciones o estableciendo gradualidad en la aplicación de algunas medidas para sectores como los de la noche, el hotelero, la vigilancia, entre otros que se verían muy afectados.
Lo que se espera es que en el Senado se den discusiones razonables, sustentadas y aterrizadas en la realidad nacional. Claro que se quisiera tener un sistema laboral moderno y afianzado en medidas que mejoren los salarios de todos los trabajadores; sin embargo, no es tan fácil concretarlo de un día para otro en un país como Colombia, que no es boyante y tiene muchas incertidumbres presupuestales. Cambiar las reglas laborales no puede ser una estrategia para apaciguar la actitud amenazante del Gobierno nacional por la suerte que ha tenido esta propuesta. Nunca podrá ser con intimidaciones la respuesta del Ejecutivo a decisiones del Legislativo.
Si hay reforma, debe ser para dar más empleo formal, no para aumentar las altas tasas de informalidad por los altos costos laborales. Si hay reforma, debe ser para apoyar a quienes están generando puestos de trabajo y oportunidades, que dispongan de garantías legales para hacerlo, nunca convertir las leyes para que las empresas sean inviables por el solo hecho de ser los dueños del capital. El país requiere preservar, proteger y beneficiar todo este tejido empresarial, es impensable que alguien quiera destruirlo, y el Estado por sí solo no tiene la capacidad ni las condiciones para reemplazarlo. 

Se viene el cuarto y último debate de este proyecto de ley en plenaria del Senado, debe ser antes del cierre de la legislatura el 20 de junio próximo. Todos deben mostrar grandeza debatiendo con rigurosidad, lo que está de por medio es de mucha relevancia para el país. Llegar a consensos entre Gobierno, Congreso, sindicatos, gremios, empresarios no debe seguir siendo una utopía; cuánto agradecería el país si se logran tranquilos acuerdos que protejan a los trabajadores y ayuden a la sostenibilidad de los empresarios.