A las carreras avanza la aprobación del proyecto de Reforma Tributaria en el Congreso de la República. De hecho, ya las comisiones económicas de Cámara y Senado aprobaron el jueves en primer debate esa polémica iniciativa con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro aspira a recaudar $22 billones anuales. Según el mandatario, la idea es avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que más tienen sean los que más tributen, y que los dineros recaudados se destinen a financiar programas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
No obstante, lo que preocupa a amplios sectores de la sociedad colombiana es que el texto radicado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, haya pasado prácticamente sin modificaciones en su tránsito por las comisiones, y que sin mayores estudios se tenga la intención de aprobarlo a pupitrazo limpio. La iniciativa se enfoca en un mayor recaudo de impuestos a personas naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a las bebidas azucaradas y a la exportación de petróleo, carbón y oro cuando superen cierto techo.
Hay legítimas preocupaciones en sectores de oposición acerca de los efectos negativos que la reforma, como está, podría tener en el sector productivo, más cuando el encarecimiento de crédito, el dólar alto y el ambiente macroeconómico, en general, está tan amenazado. La posibilidad de que se tenga una impacto negativo en la generación de empleo, que llevaría a menos ingresos en los hogares y repercusiones directas en crecimiento de la pobreza es real, y no puede mirarse por encima del hombro. De hecho, cuando estamos en niveles récord de inflación en este siglo, hay que cuidarse de que esta reforma incida en más incremento en ese indicador, considerado el peor impuesto para los pobres.
Si bien, desde hace unas semanas se viene hablando del contenido que tendría el proyecto, y los distintos sectores se han pronunciado para hacer sus observaciones, todavía hay aspectos en la iniciativa que merecen ser debatidos con mayor profundidad, y no simplemente aprobar sin modificaciones lo presentado por el Ejecutivo. Un proyecto de tal envergadura debe aspirar no solo a sacar más dinero de los bolsillos de los colombianos, con más y más onerosos gravámenes, sino luchar de frente, realmente, contra la elusión y la evasión, donde hay enormes recursos que el Estado deja escapar.
Ahora, el texto pasará a la discusión de las plenarias de Cámara y Senado, con el propósito de lograr una aprobación que le permita activarse desde el primero de enero del 2023. Esperamos que en lo que viene haya un debate más responsable, pausado, profundo, con los análisis pertinentes, y en el que la oposición también sea escuchada en sus objeciones. 

El hecho de que, como lo asegura la Andi, esta reforma lleve a que Colombia quede con la tasa de impuestos a empresas más alta de la OCDE, es algo que preocupa, y que puede ser inmensamente perjudicial. Es una manera irresponsable de espantar la inversión y generar nuevos elementos de inestabilidad a una economía que ya pasa por momentos complicados.