Conseguir prestados unos pesos para salirse pronto de un apuro económico, por vías aparentemente fáciles, sin tanto trámite y con particulares, muchas veces personajes de dudosa procedencia que exigen además el pago de intereses desbordados, se convierte rápidamente en un cúmulo de problemas de los que no es nada fácil deshacerse. Si no es que el necesitado prestatario termina amenazado bajo delicadas circunstancias, poniendo en riesgo su vida y la de su familia, pero también su trabajo y su integridad.

Claro que se trata del famoso gota a gota, modalidad de créditos casi siempre en montos bajos que deben ser pagados a corto plazo y a personas y empresas que no están reguladas ni legalizadas por el sistema financiero nacional, que les facilita cobrar de forma desmesurada. Es una práctica ilegal que ha tomado mucha fuerza en el país y Manizales no está exenta. Hay sectores identificados en los que los prestamistas están haciendo de las suyas: Chipre, la Galería, el Centro; curiosamente donde hay mayor presencia de vendedores informales que acuden asiduamente a este tipo de préstamos, sin dejar de reconocer que también se presenta entre trabajadores formales y personas que están por fuera del mercado laboral y prefieran callar para no exponerse.

A muchas personas les ha tocado presenciar la actividad de los cobradores, que esperan a los deudores en las afueras de los establecimientos de comercio y de las empresas para exigirles el pago diario o semanal, según se haya pactado el préstamo. Lo delicado es que aquí, como lo denunciaron varios vendedores informales asentados en la avenida 12 de Octubre en el barrio Chipre, se están usando métodos agresivos. Los cobradores están llegando armados, drogados o ejecutan sus acciones en medio de insultos o de violencia, como sucedió ya con una vendedora de un establecimiento por no pagar una cuota.

Todo esto se trata de la usura, que está tipificada como delito en Colombia, según el artículo 305 del Código Penal y se aplica a “quien recibe o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente”. Estas personas incurren en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los prestatarios deben conocer que la ley sanciona estos métodos, y que lo primero que se debe hacer cuando se es víctima es denunciar con la Policía o la Fiscalía.

Es hora de que todas las autoridades tomen cartas en este asunto del gota a gota, que está tocando límites en la ciudad, identificando con personal de inteligencia a quiénes están conformando estas redes de la delincuencia y sometiéndolos a la ley. Las personas no pueden vivir bajo el régimen del miedo. Sería positivo que las instituciones se unieran para diseñar una campaña en la que se informe en los sectores más afectados que hay entidades legales con líneas de crédito asequibles, como la denominada CREO del Ministerio de Hacienda, entre otras que se pueden ofrecer para ponerles tatequieto a los prestamistas usureros en la ciudad.