No puede haber ningún tipo de duda frente a las decisiones que se deben tomar contra integrantes del Batallón de Infantería Nº.33 Batalla de Junín de la Décima Primera Brigada del Ejército Colombiano, que el lunes intimidaron a habitantes de la vereda Bocas del Manso, en Tierralta (Córdoba). El solo hecho de hacerse pasar por disidentes de las Farc armados con fusiles y pistolas, encapuchados, con gorras, de camuflado y botas de caucho, ya es motivo para sancionar drásticamente a los ya identificados y para actuar de una vez en el lugar con autoridad para tomar las decisiones que sean necesarias para imponer la disciplina y para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos de su jurisdicción.
No les importó que hubiera niños, embarazadas, adultos mayores; actuaron con soberbia guerrerista y hasta apuntaron con un revólver a una mujer que les reclamó por no identificarse. Como pruebas están los videos que hicieron miembros de la comunidad violentada, que deberán servir de insumo probatorio para las autoridades en las investigaciones que anunciaron haber iniciado y deben quedar en manos de los mejores expertos para determinar su veracidad con prontitud. Según el comandante de las Fuerzas Militares, habrá participación de la Fiscalía, como debe ser para casos tan gravosos como este.
Las dudas aumentaron por el ataque que recibió un helicóptero con la comisión de investigación sobre los hechos, integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Procuraduría a Tierralta. La aeronave fue atacada el miércoles con ráfagas de fusil, sin poder aterrizar, y eso debe encender las alarmas de todas las autoridades porque algo bastante grave está ocurriendo en esta zona de Córdoba, en donde los civiles están quedando expuestos y aterrorizados. Lo que pasó siembra la duda sobre qué tan interiorizado está en el cuerpo militar el respeto por los derechos humanos y la dignidad que representa el honor de servir a la Patria. La población aseguró que en esta zona rural hace fuerte presencia el Clan del Golfo.
Entre el grupo que ejecutó el hostigamiento fueron identificados un teniente, un sargento y un cabo, y habría otros siete soldados que hicieron tirar al suelo a las personas durante horas, las amenazaron con cortarles la cabeza, les quitaron pertenencias y las obligaron a cavar huecos para enterrarlos. En el proceso también debe aclararse si estos hombres violaron a una indígena, como se le informó a la Personería. Las Fuerzas Militares están es para proteger la vida y seguridad de los colombianos, no para atacarlos, violentarlos y ejercer la fuerza sobre ellos. Todo acto que cometan por fuera de lo que permite la Constitución y la ley debe ser juzgado de manera como los delitos que son.

Las Fuerzas Armadas y el Gobierno no pueden titubear para mostrar la mano firme con los miembros que así actuaron y para acompañar a los investigadores y a la comunidad con todas las garantías. El hecho es agravado por suceder en época preelectoral, que exacerba el riesgo de violencia contra la sociedad. Duro reto para el Gobierno Petro que por su historia denunciando excesos del Ejército y de la Policía debe actuar en consecuencia y eso se espera en este momento.