Otra vez se prenden las alarmas por asuntos de contratación en el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM). Allí se volvió práctica recurrente la figura de la contratación directa, que siendo legal no es la más transparente en el sector público, o acudir a mecanismos de engaño para contratar más barato que lo ofrecido inicialmente a artistas, como presuntamente ocurrió y lo denunciaron nueve personas a este medio de comunicación.
Las respuestas entregadas por el ICTM, negando que algo así suceda en la entidad y que desconoce de las denuncias, no se compadecen con las pruebas aportadas por los afectados. Aseguran que para un evento decembrino en el 2020 el Instituto contrató a la Fundación Marchando por Colombia, que a su vez convocó a presentadores y a grupos musicales para animar y cantar en tarimas por la ciudad. Mientras el informe financiero de este contrato reporta que a los presentadores les pagaron $300 mil y a las agrupaciones $1 millón 475 mil, en realidad las cifras fueron de $100 mil y $800 mil para cada caso.
Pero el asunto no se queda en que les hayan pagado menos. Es muy grave si se comprueba que para este contrato les hicieron firmar un documento en blanco como exigencia para presentarse y que se escogió como productor artístico a Luigi Rodríguez, pareja de una familiar de la esposa del alcalde de Manizales, de quien dicen que sus nexos con el Instituto vienen de la Administración de Héctor Fernando Ortiz. El cantante Rodríguez es el encargado de señalar cuál artista va y hasta se contrata a él mismo. Todos estos son elementos suficientes para que los organismos de control del municipio por fin hagan algo sobre la dudosa contratación del ICTM.
También hay que decir que si bien todo mandatario gobierna con su gente de confianza, no es nuevo en el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, que tenga en cargos de representación y como contratistas a personas con alguna conexión familiar, política o de amistad con él. Como sostiene Camilo Vallejo, coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales: esta es una situación provocada por los riesgos de arbitrariedad y abuso que deja un sistema basado en los contratos a dedo.

Ya son muchas las quejas y denuncias contra el ICTM, no solo de ahora, vienen de alcaldías anteriores, pero no pasa nada con la entidad ni con los funcionarios. Es como si tuvieran patente de corso para actuar al antojo, así sea con los recursos públicos. La aprobación de que se convierta en Secretaría de Cultura a partir de la próxima vigencia no puede tapar con tierra las malas administraciones, estas deben responder. Es hora de que las investigaciones por estos casos denunciados arrojen resultados, se determinen responsables y se apliquen las sanciones.