Este proceso, que comenzó en el 2019, se interrumpió hace, aproximadamente, un año, después de que el colombiano Alex Saab, considerado testaferro de Maduro, fue extraditado a los Estados Unidos, donde permanece preso.
Desde este fin de semana, en México, representantes del gobierno de Nicolás Maduro (la esposa del colombiano Alex Saab entre ellos), con la mediación de Noruega y la cercana observación de los Estados Unidos, volvieron a encontrarse con delegados de la oposición política en Venezuela, con el ánimo de avanzar hacia acuerdos que abran el camino a elecciones democráticas, justas, libres y transparentes, que permitan que la institucionalidad de ese país recupere la credibilidad y el talante democrático que nunca debió perder. Sin embargo, el primer anuncio tendría enfoque en una estrategia para superar la crisis social que se vive allí, con la intervención de las Naciones Unidas.
Este proceso, que comenzó en el 2019, se interrumpió hace aproximadamente un año, después de que el colombiano Alex Saab, considerado testaferro de Maduro, fue extraditado a los Estados Unidos, donde permanece preso. En la primera etapa de las negociaciones, realizadas también en México, se habían logrado algunas aproximaciones para que los opositores contaran con garantías para ejercer su papel político en Venezuela, pero todo lo avanzado quedó en nada ante el levantamiento de la mesa.
La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia y su ofrecimiento a Maduro para que fuera facilitador de los diálogos con la guerrilla del Eln, los cuales también se reiniciaron en Caracas después de casi 4 años de interrupción, parece haber ayudado a despejar el camino para que el régimen chavista y los opositores, con la colaboración, así mismo, del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien el mandatario colombiano estuvo reunido el pasado viernes, trabajen para que Venezuela pueda pasar la hoja de la actual crisis política.
Esa es una situación que ha derivado en una profunda crisis económica y social en Venezuela que se ha encargado de expulsar a millones de personas hacia todo el mundo, y cuya presión migratoria afecta de manera significativa a Colombia, donde habría cerca de 3 millones de ciudadanos del vecino país demandando servicios de salud, educación, espacios laborales y, en algunos casos, agravando los problemas de inseguridad.
Ahora bien, Maduro también ha manifestado su interés de que sean levantadas las sanciones económicas contra funcionarios chavistas, quienes también piden el regreso de las empresas petroleras, y de esa manera desbloquear cerca de 2.700 millones de dólares de fondos gubernamentales, afectados por las sanciones. Eso requeriría que el gobierno estadounidense, que en la actual administración del demócrata Joe Biden, se ha visto más abierto a recomponer las relaciones con el gobierno venezolano, observe que el avance de los diálogos es real y positivo. Lo básico es que para las elecciones del 2024 los opositores tengan garantizada una participación en igualdad de condiciones, sin las desventajas del pasado. Estados Unidos también le daría nueva licencia a Chevron Corp. para que explote petróleo en Venezuela.
Es un panorama confuso el que se observa, con el cruce de toda clase de intereses, pero hay que velar porque los diálogos arrojen buenos resultados, sobre todo para enfrentar la pobreza del vecino país, que hoy alcanza un nivel cercano al 80% de la población. Eso es lo que más convendría a los venezolanos, pero también a Colombia.