No fueron suficientes para Gustavo Petro las advertencias jurídicas de decenas de expertos sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de convocar por decreto a una consulta popular que ya negó el Senado el 14 de mayo por voto de las mayorías. El presidente tiene el deber de acatar esa negativa, sin detrimento de que les pida a los jueces que establezcan la legalidad del proceso que se dio en el Senado.
En tiempos difíciles como los que atraviesa hoy Colombia, la decisión desgasta el país político y da razones a quienes desconfían de la posibilidad de tener gobiernos de izquierda, por considerar que quienes están en esa orilla son autoritarios. Con la firma del decreto de consulta, el presidente viola la independencia de poderes y pasa por encima de la autonomía del Senado.
No puede el presidente imponer vía decreto una consulta que tiene muy pocas posibilidades de prosperar y que a todas luces es inconstitucional, porque la norma que así lo exige es taxativa, que debe tener concepto previo del Senado. Este ya revivió el proyecto de reforma laboral que está en trámite. ¿Cuál es entonces el interés del Gobierno para convocar a los ciudadanos a las urnas en un par de meses? Nos resistimos a pensar, como muchos lo están insinuando, que el Gobierno Petro busca iniciar anticipadamente la campaña para las elecciones del 2026.
Es un hecho que las demandas llegarán al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, y esta igual deberá dar su veredicto sobre el decretazo presidencial. La confianza está puesta en estos organismos para que en su sabiduría detengan este exabrupto jurídico, que no puede acatar el registrador Nacional del Estado Civil, por excepción de constitucionalidad. Ojalá estas altas instancias den prioridad al asunto, para tranquilidad y sosiego del país.
El presidente no está promoviendo la convivencia, la concordia, la paz nacional, como le ordena la Constitución, a lo que suma sus apariciones en plaza pública, como la de Cali, en momentos en que esa ciudad y el suroccidente del país piden resultados en seguridad, frente a los graves hechos de los últimos días. Es como si Petro no tuviera claras las prioridades, él, que dice representar al pueblo, aunque es claro que esta palabra la usa de manera maniquea, porque pueblo, según su diccionario personal, solo lo integran sus áulicos y nadie más. Que el país vaya a una consulta popular le costaría por lo menos 750 mil millones de pesos, recursos públicos que podrían cubrir otras necesidades en Colombia.

24 organizaciones de la sociedad civil, a pesar de reconocer la necesidad urgente de avanzar en reformas sociales profundas que fortalezcan los derechos de los trabajadores, le pidieron al Gobierno Petro que se abstenga de convocar por decreto la consulta popular, por su ilegalidad. El país debe defender irrestrictamente los principios democráticos, la institucionalidad. Hacer otra cosa es alimentar autoritarismos, como ocurrió en Venezuela hasta volverse dictadura. Lo que necesita Colombia es diálogo y respeto por la ley.