Pacientes Colombia* presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación.

La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento, en lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por dicha UPC.

Según el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.

“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país", dijo Denis Silva Sedano, vocero de Pacientes Colombia.

Cuestionamientos

En el se señala que, a pesar de las advertencias explícitas de la Corte Constitucional en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025, el Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos.

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LA PATRIA conoció que la Corte ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera del sistema, lo que va en detrimento del servicio.

La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Ministerio.

Organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema han denunciado públicamente que se ignoraron sus aportaciones técnicas, que no se garantizó una participación efectiva y que, incluso, voceros lo manifestaron en dichas mesas, la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales.

"Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales , mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces", agregó Silva.

Según este líder, desde su posición le solicitó a la "Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del ministro por presunto fraude a resolución judicial y otros delitos que puedan derivarse del proceso”.

Se supo que en el escrito se pide, además, que se decreten medidas cautelares urgentes, incluida la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias; así como la evaluación de la suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanzan las investigaciones.

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En un comunicado, Pacientes Colombia reiteró su llamado para que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y se adopten, sin más dilación, las medidas estructurales necesarias para garantizar la suficiencia de los recursos del sistema de salud y la protección real del derecho fundamental a la salud de la población.

* Con información de Pacientes Colombia, organización que reúne a 202 asociaciones de usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

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