La crisis del sistema de salud en Colombia ya no es una amenaza lejana para los hospitales públicos: se volvió realidad. En Risaralda varias entidades públicas y privadas lanzaron un mensaje de alerta por las millonarias deudas que tienen las EPS con los centros de salud. 

Una de las entidades que alertó sobre la situación fue el Hospital Universitario San Jorge, principal centro de salud del  departamento, que en la actualidad enfrenta una situación financiera crítica que podría obligarlo a cerrar servicios esenciales en las próximas semanas.

La advertencia fue hecha por el gerente del hospital, Javier Alejandro Gaviria, durante una rueda de prensa realizada en Pereira, en la que participaron también voceros de otros hospitales públicos del departamento, representantes de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, funcionarias de la Secretaría de Salud Departamental y miembros de la Gobernación.

“El hospital no ha cerrado servicios aún, pero si nosotros este mes no recibimos alrededor de $20 mil millones, vamos a tener que empezar a ir cerrando servicios paulatinamente”, afirmó Gaviria.

¿Quién responde por las deudas? 

Actualmente, el Hospital San Jorge acumula una cartera morosa de cerca de $183 mil millones, gran parte de ella con entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas o ya liquidadas. 

Entre las más críticas se encuentran Medimás, Ambuq y Coomeva, cuyas deudas ascienden a más de $60 mil millones, recursos que el hospital ya da prácticamente por perdidos.

“Tenemos unas carteras donde están en rojo, son las EPS que ya están liquidadas, o sea, que ya muy difícilmente se van a recuperar una es Medimás, Ambuc y Coomeva. Entre esas tres estamos hablando de más de $60 mil millones que están, digamos, perdidos”, explicó Gaviria.

Otro caso que preocupa al Hospital San Jorge y al sistema de salud de Risaralda son las deudas que tiene la EPS que tiene a la mayoría de indígenas del departamento afiliados. 

Pijaos Salud, es responsable de atender a más de 31.000 afiliados indígenas en municipios como Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Belén de Umbría y Pereira. 

Según Gaviria, esta EPS recibe cerca de $3.500 millones mensuales por capitación (UPC), pero solo destina alrededor de $1.500 millones para la atención efectiva de sus usuarios en el departamento, desviando el resto a su sede en el Tolima.

“Nosotros les facturamos cerca de $1.270 millones mensuales y solo nos pagan $300 millones. Además, incumplieron el acuerdo de pago que firmamos hace año y medio”, denunció el gerente.

La solicitud del hospital es clara: que los usuarios afiliados a Pijaos Salud sean trasladados a otra EPS, idealmente también indígena, como Mallamas, que ha mostrado un comportamiento financiero más estable y comprometido con la red pública.

EPS intervenidas

Otro factor preocupante son las EPS intervenidas, a pesar de que se pensaba que con la intervención del Gobierno Nacional las entidades se pondrían al día con sus pagos, no ha sido así. 

Con respecto a la Nueva EPS, los pagos que se han realizado son incompletos, dejando una deuda que no se sanea y por el contrario se incrementa mes a mes. 

“La nueva EPS ha venido colgándose mes a mes, o sea nosotros les facturamos, les radicamos y nos pagan alrededor de un 60% aproximadamente y esa cartera va quedando ahí, con ese rezago”, afirmó el gerente.

Servicios ya están siendo afectados

Aunque el hospital continúa prestando servicios 24/7, ya se registra una limitación parcial del servicio de hemodinamia, fundamental para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares e infartos. Este servicio se presta actualmente a través de un tercero que también enfrenta dificultades para operar sin pagos oportunos.

“La hemodinamia es vital para atender urgencias en toda la región. Si ese servicio se suspende, los pacientes no tendrán dónde ser atendidos con calidad y oportunidad”, alertó Gaviria.

La situación afecta además a otros hospitales como San Rafael, que ya redujo la atención por parte de la Nueva EPS, y a clínicas privadas como Los Rosales o Comfamiliar, que al colapsar, terminan enviando sus pacientes al Hospital San Jorge.

Al borde del colapso

Desde la Gobernación de Risaralda, las cifras no son menos alarmantes. La deuda total con todos los hospitales del departamento asciende a más de $302 mil millones, según cifras compartidas durante la rueda de prensa. 

La nueva EPS, tanto en régimen subsidiado como contributivo, y Coosalud, son las mayores responsables del incremento de la cartera vencida.

La doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (agremia a los hospitales públicos del departamento), advirtió sobre los efectos que esta crisis está generando en los hospitales de primer nivel.

“Los hospitales de baja complejidad están solicitando remisiones de pacientes que no pueden atender, pero no hay red disponible. Los usuarios quedan atrapados sin atención adecuada”, señaló.

Además, hizo un llamado de alerta por el desabastecimiento de medicamentos: pacientes crónicos como hipertensos y diabéticos están llegando descompensados a urgencias e incluso a unidades de cuidado intensivo, debido a que las EPS no están entregando los tratamientos oportunamente.

La ESE Salud Pereira también al límite

Diana Milena Castañeda, gerente de la ESE Salud Pereira, también se sumó al llamado: “Somos la entidad de primer nivel más grande del municipio. La afectación que hoy estamos viviendo llega a los 18.000 millones de pesos en cartera. Y lo más grave es que de eso solo podemos recuperar el **43% en un año completo”.

Según explicó la gerente, Asmet Salud –su mayor deudor y también su principal aliado– les debe 2.500 millones de pesos desde hace tres años, pero cada cambio de interventor revierte el proceso de pago. 

“Tenemos un acta de pago desde hace 3 años años y vista para pagar y cada vez que hay un cambio de interventor nuevamente lo reversan. $2500 millones están pendientes solamente de una firma”, subrayó.

También señaló que otras EPS como Nueva EPS, Sura y Coosalud tienen deudas de más de 600 millones de pesos.

“Nuestros servicios de urgencias están llenos. Tenemos pacientes esperando hasta 15 días para ser remitidos a otro nivel. Algunos deben ser trasladados fuera del departamento, y eso implica un deterioro en su estado de salud. Estamos afectando la prestación del servicio, pero más grave aún: estamos jugando con la vida”, expresó con preocupación.

Castañeda fue enfática al decir que el sistema no solo está colapsado financieramente, sino también moral y éticamente. 

“No podemos permitir que las aseguradoras maniobren para que los pacientes se deterioren. Si no entregan medicamentos a tiempo, llegan más graves a urgencias, y eso nos cuesta más. Solo uno de los hospitales de la red de urgencias cuesta 1.000 millones de pesos mensuales, eso es insostenible”.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

El gerente del hospital San Jorge recalcó que a pesar de haber enviado múltiples comunicaciones a los entes del orden nacional, no han recibido respuestas concretas ni soluciones. 

Entidades como el Fondo de Aseguramiento en Salud (ADRES) tienen procesos de auditoría demorados que impiden el giro de recursos, y otras como la Sanidad Militar adeudan más de $8 mil millones, con pagos represados desde hace más de seis meses.

El déficit operativo mensual del hospital es de aproximadamente $7 mil millones, lo cual, sumado al rezago histórico de las deudas, está asfixiando financieramente a toda la red pública del departamento.

“Esta no es solo una crisis del Hospital San Jorge. Es una emergencia que afecta la salud de cientos de miles de personas en Risaralda y el país”, concluyó el gerente.

Tanto Chacón como Castañeda coincidieron en la necesidad de una acción conjunta de todos los sectores. 

“Hace 20 días convocamos al Comité Intergremial de la Cámara de Comercio. Sacamos un comunicado de preocupación, pero ni el Ministerio ni los entes de control escuchan. Se han hecho los sordos”, lamentó Chacón.

La gerente de la ESE Salud Pereira fue más directa: “Necesitamos que el Superintendente de Salud y el Ministro estén aquí, presencialmente, y que le exijan a las EPS que nos paguen ya. Hemos prestado los servicios, hemos gastado insumos, y no debemos un solo mes de salario al talento humano. Pero estamos asfixiando la crisis laboral”.

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