B. Eugenia Giraldo
LA PATRIA | MANIZALES
La deuda por $103 millones que tiene el municipio de Risaralda con la Territorial de Salud de Caldas desde el 2011 la heredó el nuevo alcalde, Juan Carlos Cortés Bermúdez, quien busca recursos para ponerse al día con esta obligación.
Pese a que el pasivo quedó firme en el 2016, no se presupuestó en los años siguientes.
El exconcejal y exalcalde Javier Salazar, hoy jefe de la Oficina de Hacienda de Risaralda, explicó las razones para que se produjera esta deuda que en un principio y en una acta de liquidación que se efectuó en el 2011 ascendía a $92 millones 699 mil 751.
Según Salazar, estos recursos correspondían a un capital del régimen subsidiado que antes manejaban los municipios y que comprende el período entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de marzo del 2011, cuando se determinó que ese sobrante debía reintegrarse a la Territorial de Salud.
"El problema es que se gastaron la plata y quedó un proceso en el 2016, que causó unos intereses. Por eso la suma a julio del 2019 asciende a $109 millones 659 mil 519".
Jimena Aristizábal López, directora de la Territorial de Salud de Caldas (DTSC), negó cualquier medida de embargo de la entidad con el Municipio.
Expuso que la obligación que se le cobra es producto de excedentes de actas de liquidación vigencia 2011 y recalcó que a la fecha el municipio solo ha cancelado $6 millones, en dos pagos de $3 millones cada uno.
"Por directrices de la Contaduría General de Nación, se envió el informe a la contadora de la DTSC, Celmira Gaitán, para reportar al municipio en el boletín de Deudores Morosos del Estado".
Aclaró que en diciembre pasado, el alcalde Cortes Bermúdez acudió a las oficinas de la DTSC para conocer el caso y recalcó que su propósito es llegar a un acuerdo de pago.
"La semana pasada la Secretaría de Hacienda de Risaralda se contacto con nosotros para solicitar los comprobantes de pago que el Municipio ha realizado", aseguró Aristizábal López, quien reiteró que está a la espera de que la Alcaldía se organice administrativamente, para efectuar los acuerdos de pago.
José Norman Salazar, director del Centro de Derecho Médicos, explicó que con las leyes 1122 y 1438 se modificó la manera como se ejecutaban los recursos para la atención del régimen subsidiado. "Anteriormente los municipios tenían el manejo de estos afiliados y sobre la base de una población, la DTSC les transfería los recursos. En caso de que la inversión fuera menor, dicha plata debía reintegrarse".
Dijo que ahora los municipios no manejan ningún tipo de recurso para esta población, sino que los fondos los opera la territorial, especialmente lo No POS, porque lo otro está dentro del Plan de Beneficios en Salud. Añadió que también incluye a los no vinculados.
"Estos dineros que ahora manejan las territoriales tienden a ser cada vez menos, porque el objetivo es que se centralicen hasta quedar todo en manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), como banco central".
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