Cerca de 200 personas invadieron el pasado 3 de mayo la hacienda Las Brisas, en La Dorada, alegando tener derechos adquiridos, respaldados por trámites en curso con la Sociedad de Activo Especiales (SAE).

Tras un diálogo con las autoridades, aceptaron retirarse. Sin embargo, quedó pendiente un diálogo con la entidad y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se llevó a cabo la semana pasada.

En esta, liderada por el grupo de Derechos Humanos de la Policía de Caldas, se llegó a acuerdos con la Asociación de Agricultores Norcaseños, integrada por 326 familias campesinas víctimas del conflicto armado.

De esta manera, lo que se buscaba era buscar soluciones de manera pacífica, para prevenir alteraciones del orden público, y fortalecer la seguridad y convivencia, con el compromiso de ofrecer un acompañamiento jurídico, psicosocial y técnico a las familias involucradas.

“La creación de esta mesa no solo representa un paso fundamental hacia la normalización del uso del suelo, sino también un acto de justicia social con las comunidades históricamente vulneradas por el conflicto”, aseguró un vocero.

 De acuerdo con la Policía, mediaciones similares se han llevado a cabo para remediar problemas similares en otros municipios de Caldas, con la mediación del grupo de Derechos Humanos, utilizando los mecanismos de diálogo y concertación.

"Este esfuerzo mancomunado no solo ofrece una salida legal y digna a una situación de ocupación, sino que sienta un precedente en la manera en que la institución acompaña a las comunidades rurales en procesos de estabilización y restitución territorial", explicó en un comunicado.

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