El 11 de marzo del año pasado, Andrés Felipe Aristizábal Parra, exalcalde de Villamaría, recibió una multa por parquearse en sitio prohibido en Manizales. La situación podría ocurrirle a cualquier conductor, pero pondría en aprietos al hombre señalado de pertenecer a la organización delincuencial de las Marionetas.

Eso, debido a que goza de detención domiciliaria con permiso para trabajar, lo que no le da la facultad movilizarse como cualquier ciudadano, dado que debe cumplir con unas restricciones.

La misma situación ocurrió, según una imagen suministrada a LA PATRIA, en enero del 2024. Esa vez lo sorprendieron en el barrio La Arboleda, cerca de la avenida Paralela, dialogando con otra persona.

Una denuncia anónima llegó a la Fiscalía el pasado 9 de mayo, en la que se cuestionaba si el exalcalde podía estar saliendo a dar entrevistas y tomar café en cuanta panadería se encontrara en Manizales o Villamaría.

Aseguraba también que Aristizábal Parra continuaba haciendo política e influyendo en las decisiones de la Alcaldía. Incluso, contratando con la Administración municipal a través de otra persona. El documento también mencionó que hubo concejales amenazados por efectuar otras denuncias relacionadas.

Sin respuesta del Inpec

Ante dicha queja, la Fiscalía remitió el 20 de mayo un documento a la Cárcel de Varones para que indicara si el exalcalde estaba incumpliendo las medidas restrictivas. Cuatro meses después, el Inpec no ha respondido. Pese a la denuncia, el ente acusador solicitó al Juzgado Cuarto Penal con Función de Control de Garantías.

El artículo 307A del Código de Procedimiento Penal indica que tratándose de delitos cometidos por grupos delictivos organizados como el que refiere la Fiscalía, era el denominado las Marionetas, sobre el cual se dice que pertenecía el exalcalde, la detención preventiva no puede exceder de 3 años sin que se haya emitido un sentido de fallo.

En este caso, Aristizábal Parra lleva en domiciliaria un poco más de tres años y a la fecha, después de que se retractó de la aceptación de cargos por medio de preacuerdo, no se ha realizado ni siquiera la audiencia de acusación.

Esto se enmarca dentro de la garantía prevista en la norma indicada, y el juez de garantías podría optar por una medida no privativa de la libertad.

Ello no significa que el imputado haya sido absuelto. El proceso continuará hasta que el juez de conocimiento establezca su responsabilidad o inocencia. En caso de resultar condenado, la pena necesariamente debe purgarse en establecimiento carcelario.

La juez manifestó, en la audiencia del pasado 4 de septiembre, tener un sinsabor al conocer la carta anónima y que la Fiscalía haya solicitado la libertad. Por eso, ordenó al Inpec que se dé una respuesta inmediata y el próximo jueves se reanudará la diligencia.

De acuerdo con el ente acusador, dado que se superaron los tres años desde la captura del señalado por corrupción (18 de agosto del 2022), este podría volver a la libertad, aunque sin poder salir del país, presentarse periódicamente ante un juez y no contactar a testigos dentro del proceso.

Por último la juez indicó que las medidas no privativas de la libertad son muy restrictivas, por lo que se hace necesario evaluar el comportamiento del exfuncionario en ese periodo. Criticó la demora para llevar a cabo la acusación.

El abogado de la Alcaldía de Villamaría, como víctima, sostuvo que no existe riesgo patrimonial o material, por lo que se mostró de acuerdo con que se otorgue la libertad al indiciado, que no tiene vinculación con la Administración municipal. En octubre se espera llevar a cabo la formulación de acusación.

La modificación de un lindero

El anónimo denunció la supuesta participación de Aristizábal Parra en la modificación de un lindero en el sector de La Alquería para facilitar la construcción de un proyecto de vivienda.

Los señalamientos al exalcalde

Andrés Felipe Aristizábal Parra enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Aunque aceptó su responsabilidad el año pasado y obtendría una pena de 4 años y 5 meses, luego de arrepintió y decidió irse a juicio.

Otra en libertad

Olga Lucía Botero, exgerente de la Empresa Regional de Aseo del Norte de Caldas, con sede en Aguadas y también vinculada a este entramado, recobró la libertad el 4 de septiembre por el mismo motivo.

A ella le impusieron como medidas no restrictivas mostrar buen comportamiento y acudir cuando la requieran para el proceso.

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