Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a exgobernador de Caldas Guido Echeverri

LA PATRIA | MANIZALES

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a juicio al exgobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, por prevaricato por acción. El abogado Rafael Mejía Guevara es su defensor.

Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Primera Delegada ante la CSJ, como resultado de un proceso disciplinario, Control Interno Disciplinario de la Gobernación profirió la Resolución 2469 del 5 de mayo del 2010, mediante el que sancionó con 15 años de destitución e inhabilidad a la docente Luz Marina Beltrán García, decisión que confirmó en agosto de ese año la Oficina Jurídica.

Esa dependencia, tiempo después, dictó la Resolución 4935 del 10 de octubre de 2011, en la que revocó las anteriores decisiones. El 9 de diciembre de ese año la Secretaría de Educación Departamental ordenó el reintegro de Beltrán García a la IE Santa Luisa de Marillac, de Villamaría.

Guido se posesionó el 30 de diciembre de 2011 y el 20 de febrero siguiente, con el Decreto 17, revocó las resoluciones que permitían el retorno a labores de la profesora.

“No agotó ningún procedimiento frente a la afectada. No podía eludir esas decisiones, conforme a los artículos 73 y y 74 del Decreto 1 de 1984. Echeverri Piedrahíta determinó que la decisión no fuera notificada, sino publicada, hecho con el que cercenó el derecho de contradicción de la afectada”, anotó el ente acusador.

Añadió que con su proceder lesionó sin justa causa el bien jurídico de la Administración Pública.

La Fiscalía lo acusó como coautor junto a Guillermo Hernández Gutiérrez, secretario General de la época; Tulio Marulanda Mejía (Q.E.P.D.), de Educación; y Tomás Felipe Mora Gómez, el Jurídico.

La Sala Penal de la CSJ recordó que, de acuerdo con el Artículo 413 de la Ley 599 del 2000, comete ese ilícito el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Da de 48 a 144 meses de prisión.

Este proceso no quiere decir que el exgobernador sea culpable sino que está vinculado a un proceso en calidad de acusado. Será la Corte Suprema la que decida si lo condena o lo absuelve.