
Foto | Archivo | LA PATRIA
Manizales cuenta con la Unidad Transitoria de Personas Privadas de la Libertad en San Joaquín, en donde generalmente recluyen a los sindicados.
El presidente, Gustavo Petro, firmó el año pasado la Ley 2346 del 2024, una medida transitoria para que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) asumiera la alimentación de los sindicados.
Sin embargo, a partir del 30 de junio, esta dejará de tener vigencia y los municipios deberán responsabilizarse por este servicio para la población carcelaria.
Previendo la situación que se debe afrontar, se llevó a cabo en Manizales el Comité Penitenciario y Carcelario, en el que se dialogó con distintas entidades sobre las condiciones de los privados de la libertad bajo el estado de sindicados.
La Uspec ha velado por brindar alimentación a quienes tienen esta condición y están en las estaciones de Policía, las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y los diferentes centros penitenciarios y carcelarios.
"Estamos buscando puntos de encuentro con el Inpec para que, a partir del 1 de julio, estas personas puedan recibir su alimentación con total normalidad", dijo Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.
El funcionario añadió que el objetivo, además de la alimentación, también es descongestionar las estaciones de Policía y que los sindicados pasen a establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como brindarles mayor seguridad y condiciones dignas.
"Vamos a instalar unas mesas subregionales que tendrán el liderazgo de la Gobernación de Caldas y en las que esperamos encontrar puntos de acuerdo entre el Inpec, las alcaldías y el Gobierno departamental, de tal manera que se puedan mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad", puntualizó Gómez Escudero.
El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, indicó que en el congreso nacional de la semana pasada se transmitió la preocupación a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien renunció este jueves, y al presidente, Gustavo Petro.
ostuvo que la medida se debe cumplir y se hará lo posible, pero para municipios pequeños será una carga y no tienen cómo asumir dicha responsabilidad. Espera que se tomen medidas de contingencia desde el Gobierno nacional. La cárcel del municipio tiene entre 15 y 20 sindicados, además de que existe hacinamiento.
Pereira, a alimentar a 200
Jorge Mario Trejos Arias, secretario de Gobierno de Pereira, sostuvo que el municipio tendrá la labor de ofrecer alimentación a 200 sindicados detenidos en la UPPV, pero se deberá licitar, dado que el centro no tiene cocina. Se les debe garantizar el desayuno, almuerzo, un refrigerio y cena.
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