El 21 de enero del 2025 empezó a funcionar la línea 157 anticorrupción de la Policía Nacional. Luego de dos años de gestiones y de visitas al FBI en Estados Unidos, y al NCA en Londrés, se dio luz verde a la iniciativa.

El teniente coronel Jorge Alexánder Mora Cortés, jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la Policía, explicó que gracias a un trabajo con la ONU, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Embajada americana, se aprobaron los presupuestos que le dieron el músculo a esta idea.

A esta línea puede acudir cualquier ciudadano por hechos en las instituciones del Estado: Del sistema judicial (jueces, fiscales, magistrados de tribunales); miembros de la fuerza pública (Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Armada), y también contra quienes manejen recursos o sean ordenadores del gasto.

Es decir, alcaldes, gobernadores, entidades descentralizadas, de economía mixta o cualquiera que esté relacionado con manejo de dineros públicos.

Mora Cortés sostiene que desde el 21 de enero se han recibido 8.756 llamadas. Por estas se abrieron 52 procesos judiciales. 43 corresponden a denuncias de la administración pública, 2 de la administración de justicia, y 7 investigaciones internas a la fuerza pública.

"El ciudadano puede mantener el anonimato y podemos indicar que de esa cifra, 8.586 fueron anónimos. Eso significa que hay una protección clara al denunciante", dijo el jefe anticorrupción de la Policía.

Son Bogotá, Bolívar, Antioquia, Boyacá y el Valle del Cauca las regiones con más denuncias, y la invitación del oficial a la ciudadanía es a confiar en las autoridades, que tienen un trabajo articulado con la Fiscalía y brindan resultados contundentes.

Indicó además que en la 157 hay 30 profesionales que atienden las llamadas, todos investigadores criminales.

En el 2024, la Policía efectuó 91 operaciones contra la corrupción, y entre imputaciones y capturas fueron 295 actuaciones. No solo cayeron fiscales, jueces, concejales, militares, policías, entre otros funcionarios públicos, sino también ciudadanos que corrompieron al funcionario. La cifra investigada alcanza los $8 billones.

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