Juan Carlos Martínez Rodríguez, el Hombre del Maletín o el Enfermero, es considerado como la mano derecha del fallecido exsenador caldense Mario Castaño Pérez, cabecilla de la banda Las Marionetas, que defraudó al erario con contratación direccionada. Por ese entramado hay unos 70 judicializados en el país (32 de Caldas, 5 de ellos exalcaldes).

Martínez Rodríguez, pieza clave en este proceso, fue el único que logró escapar en el 2022, cuando se hicieron las primeras capturas. Tras esa huida le pidió a su esposa, Paola Andrea Díaz Vergara, que desapareciera unas pruebas que pudieran incriminarlo.

Ella lo hizo y esa situación la metió también en líos judiciales, no por hacer parte de Las Marionetas, sino por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Lo que hizo

Según conoció LA PATRIA, el 3 de marzo del 2022, Paola Andrea recibió llamada telefónica de su cónyuge, Martínez Rodríguez.

"Le dio instrucciones de desconectar el DVR de las cámaras de seguridad de su casa en Manizales y ocultar una libreta blanca de propiedad del esposo, ambos elementos con vocación demostrativa en el juicio de responsabilidad penal que pretendía iniciarse en contra de Martínez Rodríguez y otras personas más. Ella destruyó el circuito de cámaras de seguridad, el cual contenía imágenes almacenadas que tenían la viabilidad de convertirse en pruebas, al paso que ocultó la libreta blanca", explicó la Fiscalía.

Lo anterior, agregó, motivada en el conocimiento que se tuvo antes de las primeras diligencias de allanamiento y capturas que se llevarían a cabo en contra de los miembros de ese grupo delictivo. Como se ha afirmado, el Hombre del Maletín supo del operativo y alcanzó a escapar.

Ella fue capturada, pero quedó en libertad, con condiciones. Su proceso se llevó ante un juzgado de Manizales y una vez convocadas las partes e intervinientes a la audiencia de formulación de la acusación, se habló de un preacuerdo, con pena que quedaría en 40 meses, con la rebaja. La multa, de 266,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para el fiscal, "la sanción penal acordada resultaba suficiente y proporcional, en la medida que cumplía con los fines de la pena, en tanto que si bien se habla de la concurrencia de una organización delincuencial, el aporte de la señora fue apenas tangencial y no hacía parte de la misma realmente".
Para el juzgado, hay un error en la dosificación de la pena y no se respeta el principio de legalidad, por eso negó el preacuerdo. La decisión fue apelada por la defensa y el Ministerio Público.

Recientemente el Tribunal Superior de Manizales confirmó la negativa, en segunda instancia. El proceso se devolvió al juzgado para seguir con el trámite.

En las audiencias de marzo del 2022, el ente acusador expresó que en unas llamadas "piden borrar chats y reiniciar celulares con especificaciones de fábrica".

Fueron cinco allanamientos, uno en la casa de Martínez, donde encontraron celulares, SIM cards, estuches y cargadores, así como algunos equipos vacíos. "Desde la Fiscalía se filtró información, pues encontramos en esa vivienda documentos privados, sometidos a reserva, de esta investigación".

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