La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete uniformados del Ejército Nacional activos, señalados de integrar una red de corrupción dentro de un batallón de infantería en Ocaña, Norte de Santander.

Los procesados habrían desviado recursos millonarios que estaban destinados exclusivamente a la alimentación y el bienestar de los soldados que prestan su servicio en esta región del país.

Según la investigación del ente acusador, los militares aprovechaban sus cargos administrativos para falsificar órdenes de abastecimiento de víveres frescos y secos. Para dar apariencia de legalidad al fraude, incluían en las planillas de entrega de raciones a soldados que se encontraban en vacaciones, permisos o turnos de descanso, y por ende, no estaban recibiendo dichos alimentos.

Incluso, se detectaron formatos cargados en el sistema sin las firmas o constancias de recibido de los comandantes de patrulla, quienes debían certificar que los suministros llegaran a su destino.

La red, que habría ejecutado al menos cinco eventos delictivos, se apropió ilegalmente de $200 millones. Entre los judicializados se encuentran un teniente coronel, dos mayores, un capitán y 3 sargentos.

La Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Aunque los militares no aceptaron los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para seis de ellos, mientras que un capitán seguirá vinculado al proceso en libertad pero bajo investigación.
 

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