El Chocó biogeográfico, una vasta región de 187.400 km² que se extiende por Colombia, Ecuador y Panamá, destaca como uno de los ecosistemas más biodiversos y lluviosos del planeta. Sin embargo, esta riqueza natural contrasta con una alarmante crisis de acceso al agua potable que afecta a cientos de miles de personas.

A pesar de albergar más de 250 ríos y recibir entre 6.000 y 13.000 mm de lluvia al año —hasta siete veces más que Medellín—, el 62,5 % de la población del Chocó colombiano carece de una fuente segura de agua, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En el Darién panameño, el 40 % de los habitantes enfrenta el mismo problema, y en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, cerca de 500.000 personas se quedaron sin servicio tras un derrame petrolero en 2025.

Un ecosistema asediado: contaminación, minería y abandono estatal

El ecólogo Jhon Charles Donato Rondón, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), documenta en su libro Decálogo de impactos ambientales cómo los ecosistemas acuáticos del Chocó biogeográfico sufren una transformación acelerada impulsada por la minería, los derrames de hidrocarburos y la falta de gobernanza ambiental.

“En el Chocó biogeográfico nacen cerca de 250 ríos y existen unas 3.000 quebradas, lo que lo convierte en una gran estrella hídrica que debería tener protección especial. Sin embargo, desde la Conquista estos paisajes han sido explotados, lo que ha llevado a la pérdida de más del 70 % de su vegetación”, afirma Donato.

El deterioro de los sistemas hídricos se evidencia con particular fuerza en Colombia, donde ríos como el Atrato y el San Juan arrastran niveles peligrosos de mercurio, plomo y cadmio, resultado directo de la minería aurífera. En la cuenca del río San Juan, las dragas descargan unas 4.400 toneladas de sedimentos diariamente, con concentraciones de mercurio hasta 100 veces superiores al límite permitido por la ley nacional.

Ríos contaminados: una amenaza para la salud de las comunidades

La contaminación no solo daña el ecosistema; también afecta directamente la salud de quienes dependen de estos ríos. Estudios realizados en el Atrato revelan que peces como el bagre sapo y la doncella contienen niveles de mercurio que superan los límites recomendados por la FAO. Una sola porción de 150 gramos de bagre puede duplicar la ingesta semanal tolerable de mercurio para un adulto.

Este tipo de impactos llevó a que en 2016 el Atrato fuera declarado sujeto de derechos, una figura legal que reconoce su valor ecológico y cultural. A pesar de la inversión estatal de más de 3.000 millones de pesos en 2023 para restaurar 15.000 hectáreas, los problemas persisten. La Defensoría del Pueblo informó que las áreas degradadas por minería ilegal se duplicaron entre 2016 y 2023, pasando de 48.000 a 108.800 hectáreas.

Ecuador y Panamá: otros rostros de la misma crisis

En Ecuador, el río Mira —que conecta con Tumaco— ha sufrido múltiples derrames de crudo y enfrenta una contaminación constante por ataques al Oleoducto Trasandino y conexiones ilegales. En esta cuenca, solo el 31 % de la población tiene acceso a agua por acueducto, frente al promedio nacional del 84 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En Panamá, el río Tuira, el más caudaloso del país, se ha visto afectado por la minería ilegal en el Tapón del Darién. En 2024, la operación “Elías 30” identificó 15 estructuras clandestinas y cinco campamentos mineros. Aunque no hay cifras consolidadas, las autoridades atribuyen a esta actividad la deforestación, acumulación de mercurio y pérdida de biodiversidad en ríos como el Chucunaque.

Además, la migración irregular ha dejado consecuencias adicionales: el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá reportó que los flujos migratorios generaron hasta 2.500 toneladas de residuos que terminaron en ríos y mares. Las comunidades Emberá ya han dejado de usar el río Esmeraldas para bañarse, tras un aumento de enfermedades cutáneas.

Un llamado urgente a la acción ambiental

“La situación del Chocó biogeográfico obliga a replantear el enfoque. El agua es esencial para la vida, pero vemos cómo incluso fuera de nuestras fronteras está amenazada por actividades humanas, un escenario que se agrava con la crisis climática”, enfatiza el profesor Donato. “No se trata solo de impactos ambientales, sino de posibles delitos frente a los cuales los Estados tienen la obligación de proteger, reparar e indemnizar los daños”.

El Chocó biogeográfico enfrenta hoy un reto monumental: proteger sus ríos no solo como fuente de biodiversidad, sino como sustento vital para sus poblaciones. El acceso al agua potable, un derecho fundamental, continúa siendo una deuda histórica que exige soluciones urgentes, coordinadas y sostenibles.

*Este informe se realizó con al apoyo de la agencia de noticias de la Universidad Nacional, Unimedios.

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