La Universidad Nacional de Colombia podrá mantener publicado el Comunicado número 6 de 2025 de la Rectoría, el cual corresponde a la Evaluación a la Participación de la Universidad Nacional de Colombia como miembro en las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) – Fase I.

Lo anterior debido a que este martes 10 de junio del 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de tutela de primera instancia proferido por el Juzgado 5 Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá, a favor de la institución de educación superior.

Explica la U, en un comunicado de su Agencia de Noticias, que esta actuación judicial resolvió la impugnación presentada por los profesores Camilo Younes Velosa, profesor y exvicerrector de la Unal sede Manizales, y de Diego Alejandro Torres Galindo, representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario (CSU). La decisión de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela.

Recordó la U. que la demanda pretendía, entre otros aspectos, que se despublicara el informe, mencionado en el inicio de esta nota, sobre los resultados de la “Evaluación a la Participación de la Universidad Nacional de Colombia como miembro en las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) – Fase I” realizada por la Oficina Nacional de Control Interno, y que se reiniciara la evaluación, por una presunta vulneración de derechos fundamentales.

"En su pronunciamiento, el Tribunal consideró que no se vulneró el derecho de petición, ni el debido proceso administrativo, ni el derecho a la honra y buen nombre", cita.

Adicionó la Nacional que esta decisión ratificó los fundamentos jurídicos de las adoptadas por la Universidad para garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general.

En relación con la decisión, el profesor Younes manifestó a LA PATRIA que de todas maneras intentarán una revisión Constitucional, aunque reconoce que es un proceso más incierto y más complejo.

Desde la primera instancia

Se recuerda que Younes y Torres buscaban que se despublicara el informe supuestamente anonimizado, en el que aseguran se dejaron los nombres de los profesores Younes y Torres expuestos por lo que consideran que se les viola el derecho al buen nombre. Así mismo, ha solicitado que se garantice el debido proceso y se den garantías disciplinarias yque se presenten excusas públicas por esta actuación.

En su momento Younes comentó: “ No se pretende que se deje de investigar, sino que se haga respetando a los profesores y sin violarles sus derechos fundamentales”.

Por la relevancia pública: Unal

Por su parte la U. Nacional, una vez salió el fallo a su favor en primera instancia, también manifestó: "… debe tenerse en cuenta que el contenido del informe tiene relevancia pública, al involucrar aspectos del funcionamiento de una entidad pública, la gestión de sus directivos y la relación con entidades sin ánimo de lucro vinculadas a su actividad misional. La divulgación de este tipo de documentos responde también al principio de transparencia en la función administrativa (artículo 209 de la Constitución), por lo que restringir o suprimir su publicación podría contrariar el interés general y los derechos colectivos a la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública”.

También expresó que según la sentencia, la Universidad argumentó que no se vulneraron derechos fundamentales, que el informe se elaboró de acuerdo con los procedimientos vigentes, que las personas involucradas participaron en las etapas de evaluación y contradicción, y que los accionantes cuentan con otros mecanismos judiciales para resolver sus controversias.

“Esta decisión confirma el compromiso que ha asumido la actual administración de la UNAL por garantizar la transparencia y la democratización de la información que debe ser de conocimiento de la comunidad universitaria, la opinión pública y las autoridades que ejercen control”, dijo la institución.

Además, que el informe mencionado evidencia el incumplimiento de obligaciones relacionadas con algunas entidades sin ánimo de lucro de las cuales la Universidad es miembro; de 27 observaciones, 11 tendrían implicaciones disciplinarias que están siendo evaluadas por la Dirección de Veeduría Disciplinaria de la Institución, expuso en ese momento la Unal.