Santiago Osorio, ponente del proyecto de reforma a la educación.

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Santiago Osorio, ponente del proyecto de reforma a la educación.

LA PATRIA | Manizales

Entre los 31 artículos aprobados del proyecto de Ley estatutaria de educación están: Pasar de uno a tres grados en preescolar y garantizar la dignidad docente.

En los 9 que faltan se incluyen facultades extraordinarias al presidente, derecho a la educación campesina, a la población carcelaria y a grupos étnicos.

La iniciativa se juega hoy en el Congreso, después de los vistos buenos de la semana pasada, otro capítulo en el que el Gobierno nacional espera un espaldarazo para reformar desde la educación inicial hasta la superior del país.

LA PATRIA habló con el caldense Santiago Osorio, de la Alianza Verde, ponente del proyecto:

¿Qué es lo destacado de lo aprobado, hasta ahora?

Son varias. Convertirse en derecho fundamental garantiza muchas cosas. Por ejemplo, incluir menores del sistema de responsabilidad para adolescentes y reincorporados en el proceso de paz con las Farc y procesos que vengan. Medidas de bienestar integral, dignificación de la labor docente y directiva. De aprobarse la Reforma se pasaría de uno a tres grados en preescolar, lo que mejorará condiciones cognitivas de los niños.

¿En qué momento pasaría a la práctica esta ley?

Los gobernantes tendrán dos años para expedir la política pública para garantizar educación como derecho, expedir decretos y lo que tenga que ver en materia económica.

Aún no se aprueban facultades extraordinarias para el presidente, ¿qué pasa si se tumba ese artículo?

Con este tema se han tejido mitos, pero el artículo 39 contempla que estas facultades no son para cosas diferentes a fuentes, esquemas de financiación y plazos para garantizar ese derecho. Confiamos en que el Congreso lo apruebe, ya que dará líneas en lo presupuestal.

¿De dónde saldrá la plata si los gobiernos siguen sin reformar el Sistema General de Participaciones (SGP)?

Este proyecto desafortunadamente se archivó en el Senado. Para garantizar los recursos se debe insistir en la reforma constitucional al SGP, la cual debe ir a la par con la ley estatutaria. Creo que el Gobierno hoy podría tener un consenso mayoritario en el Congreso, ya que a los congresistas que tienen aliados políticos en las regiones les favorece una reforma del SGP. Al ser una iniciativa gubernamental, el Ministerio de Hacienda también la respalda y tendrá que garantizar los recursos.

¿Cómo se implementará ese derecho, que ya no solo sería hasta noveno grado?

La idea es que quien ingrese al sistema educativo permanezca desde la educación inicial hasta la superior, eso garantiza permanencia, baja en tasas de deserción. Será de manera progresiva, porque hay que tener claridad sobre las fuentes de financiación, cualificación docente, mejora de infraestructura, y otros. La ley es un primer paso para que esta apuesta sea una realidad. Y a largo plazo tenga un impacto positivo.

¿En la práctica cómo se llegará a poblaciones dispersas, de zonas rurales?

Desde la Comisión Primera Constitucional, de la que hago parte, tomamos la decisión histórica de aprobar el acto legislativo que consagra en la Constitución al campesino como sujeto de derechos. En la Ley estatutaria hay un artículo que pretende esa educación a zonas dispersas para que, definitivamente, los campesinos no tengan que emigrar a la ciudad y puedan tener oferta de derechos en la zona rural.

¿Cómo garantizar en el campo servicios educativos escolares?

No solo implica docentes e infraestructuras, sino alimentación escolar, transporte, medidas de bienestar. Vamos a hacer una reglamentación, después de la ley estatutaria, que plantea logística y hechos puntuales para este derecho.

¿Cómo es lo de la inclusión de poblaciones en condiciones de discapacidad, reincorporados, carcelarias, entre otras, pues colegios no están preparados para atenderlos?

Las sugerencias adicionales incluyen modificación rápida al SGP, pues buena parte de la plata que se gira a entidades territoriales es para funcionamiento. Los colegios no están preparados ni en infraestructura ni en personal para atenderlos. A los grupos de especial protección constitucional se les debe garantizar su derecho de acuerdo con sus particularidades.

Usted dice que ya se han dado pasos en ese sentido, ¿cuáles?

Construir y mejorar infraestructura existente y proveer docentes requeridos y cualificarlos. Esto se hará de manera progresiva, el artículo 38 del proyecto pone en cabeza del Gobierno esta labor. Hay facultades adicionales al presidente que tomará decisiones inmediatamente en recursos para dar garantía a este derecho fundamental.

El camino

  1. Las leyes estatutarias en deben contar con cuatro debates.
  2. Para la Ley estatutaria de Educación se han aprobado 31 de los 40 artículos que contempla.
  3. El Gobierno nacional espera que hoy le aprueben los 9 que faltan para que luego pase a plenaria de Cámara. Lo anterior, antes del 16 de diciembre, cuando termina el primer período de sesiones de esta legislatura.
  4. En el primer semestre del 2024, la Comisión Primera del Senado y luego la plenaria del Senado deben aprobarlo para que sea ley de la República.