COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Juez 33 Penal del Circuito absolvió a Carlos Salvador Albornoz, exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por los delitos de prevaricato por apropiación y peculado por apropiación en favor de terceros.
“Las pruebas practicadas en el curso del juicio oral no permite desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza el señor Carlos Salvador Albornoz y en consecuencia de ello será absuelto”, dijo la juez.
La absolución se registró después de siete años de que el exfuncionario fuera llamado por la Fiscalía ante los estrados judiciales, para que respondiera por la irregular administración y venta del predio Granja 32, que llegó a la DNE por cuenta de una incautación que le realizaron al narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, quien murió en febrero del 2002.
El 18 de septiembre del 2013, la Fiscalía señaló que Albornoz había omitido sus funciones de control al favorecer a terceras personas con La Granja, ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca), la cual fue incautada al narcotráfico por las autoridades de ese municipio.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la mencionada Granja 32 fue vendida por 1.219 millones de pesos, valor inferior al valor real que era de 3 mil 600 millones de pesos.
Según la fiscal del caso, Albornoz tenía conocimiento del valor del bien, pero aprobó la venta por un precio inferior, lo que generó un detrimento patrimonial por 2 mil millones de pesos.
Por estos hechos, en septiembre del mismo año, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años a Albornoz. Según el Ministerio Público, en ese entonces el exdirector de la DNE incurrió en omisiones en su deber de vigilar el manejo de bienes incautados como, por ejemplo, hoteles y apartamentos.
Pasados estos hechos, Albornoz recobró su libertad al considerarse que se encontraba detenido desde hace tres años y no se le había resuelto su situación jurídica.
La juez también absolvió a Tito Arcadio Perrilla y su esposa Ana Lucía Estrada, por el delito de peculado por apropiación, quienes compraron el predio por el que fue investigado el exdirector de la DNE.
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