EFE | LA PATRIA | CALI

Tras recorrer por un mes cinco regiones de Colombia, la Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio entregó ayer un informe que revela cómo las distintas formas de paramilitarismo han tomado terreno en el país y evidencia un "recrudecimiento del conflicto armado".

En el recorrido, que comenzó el pasado 23 de julio en Bogotá, participaron 187 personas de 14 nacionalidades, quienes se adentraron en lo más profundo de las comunidades para conocer las afectaciones que el conflicto armado provoca.

128 guardias campesinos, indígenas y afrodescendientes fueron claves para que pudieran recorrer Arauca, Antioquia, Sur de Bolívar, Chocó y el suroeste del país, donde recopilaron testimonios y pruebas que serán entregadas al Gobierno nacional.

De momento, ayer en Cali, donde finalizó el recorrido, presentaron un informe parcial en el que participaron organizaciones sociales y representantes de la caravana de países como Guatemala, Colombia, Brasil y el País Vasco.

“En los territorios se ha recrudecido la violencia después de la firma de paz de 2016 y el incumplimiento a los acuerdos. Pudimos ver que hay grupos que toman nombres de disidencias (de las Farc) que uno pensaría que tienen ideales políticos, pero no, solo atacan a civiles y a líderes sociales”, expresó una representante, que pidió no ser citada por su nombre.

"Su propia ley"

Este informe parcial evidencia que “cada grupo tiene su propia ley”, que impone a las comunidades generando desplazamiento forzado y asesinatos por cuenta de cruentos enfrentamientos con otros grupos o con las fuerzas militares.

“A la caravana le faltó extenderse a muchas otras regiones donde no pudimos ir y donde podríamos aumentar la visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos, la crisis humanitaria y el abandono estatal que viven los territorios”, insistió otra representante.

En el Oriente Antioqueño, por ejemplo, existe temor generalizado y un discurso comunitario de desesperanza.

Desde la caravana afirman que “no pasa ni pasará nada”; mientras que en sur de Bolívar la comunidad ve con inquietud la posible ruptura de los diálogos de paz entre la guerrilla del Eln y el Gobierno nacional.

La caravana también recogió datos de otras organizaciones, como la de la Red por la Vida y los Derechos Humanos en el Cauca, quienes señalan que desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto de este año se han registrado 397 muertes violentas en ese departamento.

Sus cifras apuntan a que el norte del Cauca, donde el Estado Mayor Central (principal disidencia de las Farc) está cometiendo atentados continuos, es el más golpeado, con 63 asesinatos en Santander de Quilichao y 35 en Corinto.

Además, dicen que van 21 líderes sociales asesinados, siete son firmantes de paz y hay más de 5.000 desplazados.

Iván Cepeda, congresista del gobernante Pacto Histórico, fue enfático en el acto en Cali al afirmar que Colombia tiene que “romper la invisibilidad y la mimetización de las distintas prácticas del paramilitarismo”, pues asegura que ese tipo de violencia “no ha desaparecido y están bajo un cómodo manto de silencio, tolerancia y promoción desde distintos centros de poder”.

“Este informe, que esperamos tener pronto, queremos que se constituya como un acontecimiento político en el país”, puntualizó Cepeda.

Informe final

En octubre la caravana presentará el informe final al Gobierno y a todas las entidades correspondientes donde también se añadirán exigencias para la protección de la vida de los líderes sociales, indígenas y campesinos.

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