Pronta solución y una salida jurídica debe tener el problema que atraviesa la Institución Educativa rural Miguel Antonio Caro, que atiende a 74 niños. Es un edificio con un fuerte deterioro, pertenece a la Junta de Acción Comunal de la vereda, pero lo utiliza la Secretaría de Educación de Manizales. La Junta no invierte en las obras que se requieren porque no está usando el bien, y la Alcaldía está impedida para hacerlo porque no es la dueña. Mientras tanto, la comunidad educativa es la que está expuesta.