Cuarenta años sin justicia, sin reparación para las víctimas, sin verdad clara, con impunidad para los directos responsables hoy premiados con las mieles del poder, miles de interrogantes aun sin respuesta y sin que la experiencia de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 con el sacrificio de unas 100 personas, 8 magistrados, haya inspirado la introducción de mecanismos efectivos que reduzcan la toma y vulneración de la justicia como sigue aconteciendo.

Hoy, cuando el movimiento que propició tan doloroso, cruel y vil episodio se encuentra gobernando el país, registra uno de los más altos índices de inseguridad y violencia de los últimos años, con fortalecimiento de grupos al margen de la ley que suman en sus filas 10 mil 200 hombres más desde el año 2022, llegando a más de 25 mil a raíz de la fracasada paz total, según informes de inteligencia publicados por El Tiempo, lo que representa un incremento del 67%.

Es común la instrumentalización de la población civil para impedir la acción de la autoridad en contra de la delincuencia, secuestrando a sus integrantes, confinándola, desplazándola o extorsionándola.

Pese a las reformas que los diferentes gobiernos han planteado al Congreso de la República para su sistema de justicia, ninguna en la práctica ha dado en el clavo con la búsqueda de los objetivos fundamentales de hacerla más eficaz, ágil, transparente, objetiva, pronta, imparcial. Según informe de la Corporación Excelencia en la justicia (CEJ) referente al sistema penal acusatorio, 9 de cada 10 casos no pasan de indagación en la Fiscalía.

Destacan que después de 20 años de haberse implementado, las señales de crisis son cada vez mayores y la impunidad campea en la mayor parte de los casi 2 millones de casos que reciben las fiscalías del país cada año. Entre las causas, se encuentran, falta de denuncia o de seguimiento del denunciante, ante todo en casos de hurto, lo cual se registra en el 93,2% de los casos, por temor ante posibles represalias de los victimarios o por los compromisos que implican el seguimiento de los casos.

En el mismo orden se registran amenazas, delitos financieros, económicos, atentados graves a los derechos humanos, como homicidio y desplazamiento forzado, lo que se ha incrementado en los últimos meses con proliferación, fortalecimiento de los grupos alzados en armas y su injerencia en más de 700 municipios colombianos. Gran cantidad de los casos que alcanzan a estudios y análisis de algún fiscal, sobre 1,4 millones, el 82%, esto es 1,1 millones debieron archivarse, por razones como imposibilidad de encontrar a la víctima o victimario o de esclarecer si finalmente el delito se cometió.

El archivo según la CEJ, se convirtió en la “alternativa predominante” por las dificultades para que la Fiscalía General de la Nación, con cerca de 30 mil funcionarios, adelante con éxito sus gestiones investigativas. A.I. por su parte denuncia que el 99% de abusos sexuales y 78% de feminicidios nunca reciben justicia, lo que es bien preocupante.