Una intervención fracasada
Alberto Arce Londoño
La destrucción del Sistema de Salud con la eliminación de las EPS, en lo cual se ha empeñado el actual Gobierno y que comenzó primero con la presentación de la reforma al Congreso, luego con las intervenciones a través de la Superintendencia del ramo, aplicación del sistema a vía de ensayo con la salud de los maestros y el acostumbrado decretazo para aplicar por ese medio lo que no ha conseguido por la vía legislativa, corresponde a la estrategia diseñada desde la campaña electoral de Petro para apoderarse del manejo de este sector con los billonarios dineros que representa. Su sentencia lo ratifica todo: “Las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar”.
Los resultados saltan a la vista en concordancia con las cifras y el grado de insatisfacción con el incremento en el porcentaje de quejas, la falta de medicamentos, la falta de atención en los servicios de especialistas, el retiro del servicio por parte de Hospitales y centros especializados por falta de pago. Al respecto, la Corte Constitucional, desde comienzos de año, exigió al Ministerio de Salud revisar y demostrar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con el fin de ajustar su valor en concordancia con los costos actualizados de los servicios incluyendo nuevas variables, según el clamor de las EPS, lo que no ha hecho, agudizando la situación de la salud para los millones de usuarios del servicio.
Sobre la intervención decretada, Sánitas, que luego de 17 meses fue devuelta a sus propietarios por orden de la Corte Constitucional, pero en estado de coma, con un detrimento patrimonial de $1,7 billones, después que era una de las tres de mejor funcionamiento con más de 5 millones de afiliados. Sobre la Nueva EPS es extraño que después de igual tiempo de intervención, la situación ahora se muestre bajo peores condiciones, cuando justamente se supone que el objetivo era buscar su mejoramiento y salvación en beneficio de los afiliados y del Sistema de Salud.
La Asociación Pacientes de Colombia le solicitó a la Procuraduría investigar a la Supersalud por su actuación en este proceso y se adopten medidas disciplinarias en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de los superintendentes del actual Gobierno. Solicitud que permita dejar claridad sobre lo acontecido con el Sistema de Salud que hoy registra tan preocupante panorama, en particular con estas dos EPS que agrupan más de 17 millones de afiliados, 32% de la población.
Cómo se explica que en operativo policial, la Contraloría General haya detectado en la Nueva EPS, irregularidades en anticipos pendientes por legalizar que pasaron en el 2025 de $3,4 billones a $8,6 billones, facturas sin procesar por $22,1 billones, de ellas más de $9 mil millones repetidas, acumulado de cuentas por pagar por $21,37 billones a marzo del 2025 y que la Superintendencia de Salud no se hubiese percatado de todo ello en ese tiempo de su intervención. Las preguntas son, ¿cuál era o es entonces el trabajo de esta institución?, ¿subsanar las fallas o aplicarles la eutanasia a las EPS?