En el laberinto de la justicia colombiana hay héroes anónimos, agotados pero incansables, que cargan sobre sus hombros el peso de los más vulnerables. Los defensores públicos representan a víctimas de violencia, procesados indigentes y personas desplazadas, asegurando la vigencia de derechos humanos fundamentales. Veo a muchos de ellos exhaustos -ojos hundidos, voces roncas por noches en vela-, manejando un volumen inabarcable de casos, preparando juicios y defensas de manera constante, pero sosteniendo, pese a todo, una labor profesional y técnica como manda la Constitución Política (art. 29).
El verdadero abogado es escritor y orador, dos veces artista. Si no lo es, será un jornalero del Derecho; un hombre que solo pone palabras en un papel, mas no un verdadero defensor de los seres humanos, de la sociedad y de la justicia, que en últimas son sus auténticos clientes. No hablo de los abogados de los grandes bufetes que asisten a los poderosos, sino de Pedro, Juan y María -defensores públicos estoicos- que, con su pluma y con su voz, humanizan la ley para los desposeídos.
Su actitud estoica frente a lo que pueden controlar -integridad ética, rigor técnico, empatía racional- se impone sobre lo impredecible y muchas veces caótico del sistema. Sobrecargados en oficinas precarias, protestan por unas prestaciones de servicios abiertamente injustas (inferiores a las de jueces y fiscales), soportan retrasos de hasta 45 días en sus pagos (enero del 2026), trabajan sin vacaciones remuneradas y ven cómo de honorarios ya raquíticos se descuentan salud y pensión. Podrían quebrarse en el burnout: depresión, ansiedad, incluso infartos ya documentados. Sin embargo, persisten. Separan sus frustraciones personales de su deber constitucional y siguen velando por habeas corpus, tutelas y acciones que protegen la vida, la dignidad y la libertad.
Pedro, Juan, María y todos los defensores públicos protegen los derechos humanos con una labor silenciosa, pero incansable. Pedro, en Caldas, recorre veredas tutelando a comunidades indígenas desplazadas, endeudado por pagos pendientes y sin días libres. Juan garantiza el debido proceso a sindicados por diversos delitos penales, como ocurre con la mayoría de sus clientes, que son los más pobres y humildes de nuestra sociedad. María, en Manizales, evita desalojos injustos mediante acciones de tutela, sosteniendo la imparcialidad de la justicia pese a un desgaste crónico, en un contexto en el que la mayoría de sus colegas reporta niveles altísimos de estrés.
Esta labor estoica no es un favor: es un mandato constitucional que fortalece la democracia. En la Colombia del 2026, atravesada por crisis institucionales, Pedro, Juan, María y todos los defensores públicos son auténticos guardianes de la equidad. Su perseverancia evita dilaciones indebidas que terminan violando derechos; su sabiduría ética y jurídica les permite advertir y denunciar impedimentos y conflictos de interés. Urge equipararlos en condiciones de servicio, pagarles puntualmente, reconocerles vacaciones dignas y dignificar, en suma, su oficio.
¿Y quién abraza a Pedro cuando llega exhausto a su casa? ¿Quién le paga a Juan sus noches en vela? ¿Quién le concede a María el descanso que nunca llega? Sin ellos, la justicia sería solo para los más pudientes: el aparato judicial del Estado sería un cascarón vacío, un teatro de sombras para los pobres, sin la labor heroica e inquebrantable de los defensores públicos. Son el corazón que late en silencio dentro de nuestra democracia.
¡Exijamos justicia para los defensores públicos!