En el Congreso de la República se acaba de aprobar en primer debate el Proyecto de Ley 192 de 2022. Este funcionará como un cheque que entrega el Estado colombiano a los padres de familia o a quienes ejerzan la patria potestad de los menores en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema para que puedan acceder a la educación preescolar, básica y media en instituciones educativa privadas. Dicha iniciativa fue presentada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Podríamos decir que aún falta camino por recorrer para su aprobación definitiva y que el debate está abierto. Por eso, deseo aportar insumos a una discusión que me parece vigente y de trascendencia superlativa. Espero dejar claridad al respecto, porque las partes que la defienden y la critican tienen razón en la exposición de motivos. 
Quienes están a favor arguyen que la calidad de la educación de los beneficiarios mejorará, debido a que accederán a un servicio educativo más cualificado en instituciones que obtienen con regularidad muy buenos resultados en el sistema de medición colombiano de la calidad educativa, como las pruebas Saber y Pisa. De otro lado, quienes atacan dicho proyecto sostienen la tesis de que su aprobación constituye, sin lugar a duda, una práctica de privatización de la educación, pues retira a estudiantes del sector público y los acompaña financieramente en el tránsito hacia la educación privada. 
La controversia es curiosa porque los argumentos de ambas partes son válidos, aunque no sólidos. A quienes defienden la iniciativa les podríamos refutar que los estudiantes beneficiados serían solo quinientos mil, de suerte que las preguntas que surgen son: ¿qué deberíamos hacer con la calidad educativa de los restantes ocho millones de estudiantes de la escuela pública? ¿El bono escolar es la gran conversación que en materia de calidad educativa tenemos que dar en Colombia? Y a quienes la atacan y acá es necesario mencionar a Fecode— les podríamos objetar que la calidad educativa del sector público tiene serios y preocupantes vacíos: ¿qué ha hecho la organización sindical para cualificarla y para que sus bajos resultados no fomenten el refugio de los estudiantes en el sector privado? Sería muy interesante abordar con ambas partes las reflexiones que suscitan estos interrogantes, pues allí está el centro del debate. 
La obligación del Gobierno y del Legislativo es generar las condiciones necesarias y suficientes para que la infraestructura del servicio esté garantizada. La educación pública debería contar con excelentes plantas físicas, laboratorios, aulas especializadas, escenarios deportivos, equipos de cómputo, servicios públicos y conectividad, y con el cualificado talento humano que requiere la gestión escolar. Por su parte, los maestros, los directivos y todo el staff de profesionales de la educación debemos ser los responsables del fortalecimiento de la estructura curricular. Mejorar, reforzar, preservar y sostener el edificio pedagógico de la escuela es nuestra tarea imperativa, cuya finalidad son los aprendizajes y el desarrollo de las competencias de los niños. 
¿Cuándo se dedicará el alto gobierno a hacer muy bien su tarea? ¿Cuándo asumiremos los maestros la imperiosa tarea de gestionar procesos de alta calidad en la escuela pública? Durante los últimos cincuenta años como mínimo, y bajo la justificación de los bajos rendimientos y resultados, hemos padecido los esfuerzos del Gobierno por privatizar la educación pública; ejemplos de esto son el bono escolar, los colegios en concesión, la contratación de arrendamientos escolares, entre otros. Por otro lado, los sindicatos responsabilizan al alto gobierno de la baja calidad porque no ha garantizado las condiciones básicas para generarla. Entre tanto, los niños en la escuela viven la desesperanza que les genera las inmensas brechas de inequidad respecto de aquellos que tienen el privilegio de habitar la escuela privada. Ojalá en el marco de este nuevo plan de desarrollo, unos y otros construyamos caminos de acercamiento. No vaya a ser que primero doña Celia y su Sonora Matancera resuelvan el bendito lío entre Songo, Borondongo, Bernabé y Fuchilanga.