Hasta hace algunos años, y en el marco de las tradicionales reuniones de padres de familia para la entrega de “boletines de calificaciones”, el niño era sometido al implacable juicio del profe, pero también al intimidante cuestionamiento de sus padres. Hoy en día el asunto ha cambiado un poco: siendo los mismos personajes en escena, los roles han mutado. Ahora es el profe quien pasa a la silla de los acusados para justificar el desempeño académico de sus estudiantes ante el juicio, muchas veces temerario, de sus padres. Debo manifestar, en gracia del análisis, que no comparto ninguno de los dos escenarios. Además, el último no obedece a la generalidad, aunque lamentablemente sea muy frecuente.

Es claro que las maneras actuales de la escuela deben ajustarse a las demandas de la sociedad y, principalmente, a los requerimientos de los niños. No obstante, sea cual sea la época, lo que nunca puede perderse en el radar de la estructura de la sociedad es la concepción ética y legal de la educación como derecho-deber. Allí es donde se está presentando una fractura que me preocupa inmensamente, porque en este contrato social se cimenta la construcción de la familia y la sociedad. Si solo nos especializamos en la exigencia de los derechos, ¿qué tipo de ciudadanos estamos formando?

Es curioso observar cómo estos comportamientos son frecuentes en padres de familia que han sido inferiores a sus obligaciones con sus hijos y que encuentran en la escuela el escenario ideal para protegerlos y demostrar un tutelaje responsable. Pero también preocupa, y llama poderosamente la atención, cómo la institucionalidad del país, desde las secretarías de Educación, las entidades que protegen los derechos humanos y los jueces de la República, tutelan a diario la garantía de los derechos a la educación, sin observar el cumplimento de los deberes de los estudiantes, pero peor aún, sin evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los padres, las cuales están consagradas en la Constitución.

Podríamos agotar muchas líneas contando anécdotas que ilustrarían perfectamente la situación planteada y que suceden a diario en la escuela. Sé también que aceptar el castigo o la sanción para nuestros hijos no es un asunto menor y resulta de difícil asimilación. Pero no hacerlo, no corregir cuando corresponde, es enseñarles a vivir en la impunidad; es prepararlos para un mundo que no existe y, con ello, solo estamos apostándole a su propio fracaso.

Desde esta tribuna de opinión hago un llamado a los padres de familia, a los actores de la escuela, a las autoridades educativas, a las instituciones protectoras de los derechos humanos y a los jueces de la República para que la garantía del derecho a la educación sea concomitante con el cumplimiento de sus deberes. Solo así podremos apostar por proyectos de vida exitosos y por la construcción de una familia y una sociedad viables.