Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más de lo que sus opositores dicen.
Antonio Maura.
Acabamos de cumplir 2 meses desde la posesión de Gustavo Petro Urrego como presidente de la República de Colombia. Son apenas 60 días de gobierno y ya lo hacen responsable de todo el descalabro institucional que tenemos hace décadas, aumentado sin alguna duda en los previos 40 años, pero empeorado sin medida en los últimos 20. Varias décadas irrecuperables para nuestro país, en malos manejos, deshonestidad institucional, desgreño administrativo, burócratas deshonestos, políticos, con antecedentes delictivos por montones.
El despilfarro de los dineros públicos y su manejo ligero y deshonesto, hizo perder miles de millones de pesos, billones si se quiere, a esta Colombia que en manos de inescrupulosos de todos los matices y partidos, han usufructuado el poder, con no más interés que el de hacerse ricos con los dineros públicos, aprovechando la ligereza de los entes de control que no controlan nada, de las entidades encargadas de sancionar a los delincuentes de cuello blanco que los dejan actuar impunemente, sin que en realidad tengan preocupación por responder por lo que se roban de las arcas del Estado, ni por los desmanes indecentes con los que manejaron este platanal siempre.
Ahora los seguidores fanáticos de políticos cuestionados y deshonestos, se rasgan las vestiduras porque en 60 días dicen no haber visto cambios, haciéndolo culpable de todas las felonías y robos de los que lo antecedieron, que siguen en la impunidad, con entes de control que no sirven para nada, distinto a demostrar que con la política, el oficio de control, fiscalización y procurador de entuertos, no tienen importancia alguna y solo están para comerse el presupuesto, con nóminas costosísimas, gastos descomunales en cosas que solo Colombia permite. El ejemplo de lo que representa el descaro total en el gasto público, lo da el fiscal Barbosa que, en forma por demás babosa, quiere justificar el gasto de un esquema de seguridad para sus perros, diciendo que son miembros de su familia.
Es por esas familias de “perros” y de cínicos, que vivimos en un país  inaceptablemente desigual, con índices de pobreza que son macondianos, que no le importan a alguien, porque  los marginalizados en Colombia, que son  millones, no existen en las mentes estúpidas y ciegas de los que nos han manejado con ligereza y con total desprecio por todos los principios, pisoteando todos los valores, burlándose de la gente, acomodándose en las murallas infranqueables que dan la impunidad, la deshonra y el cinismo.  Pero la impunidad que es inmunidad, dispensa, exención e indemnidad, no pueden seguir siendo toleradas.
La impunidad es una excepción de castigo o escape de la multa que implica una falta o delito. En el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades. El Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, promulgado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, define la impunidad como: “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los que cometen delitos …”.
Lógicamente tenemos que controlar lo que hace el nuevo gobierno y sus funcionarios; saber cómo se gastan los recursos públicos y cómo los cuidan o los dilapidan, para poder evaluar que lo están haciendo bien, o comprobar que están repitiendo con elenco distinto la misma opereta que hemos tendido en el manejo de nuestra nación. Eso significa que vamos a estar vigilantes por todos los actos de los funcionarios públicos y por los de los particulares que participan en el gasto de nuestro presupuesto, para aplaudir a los que cumplan con su función en forma acrisolada y honesta, o abuchear y denunciar a los que lo dilapiden, lo malgasten o lo roben.
No podemos permitir que se repitan los actos de felonía de los gobiernos anteriores, que se apropiaron de los recursos de los contribuyentes, sin vergüenza alguna y con total cinismo. Eso no podemos tolerarlo más.