El Diccionario de antioqueñismos, del padre Julio Jaramillo Restrepo, señala que “trancazo” es “el trabajo ejecutado a la carrera o de cualquier manera” y en ese sentido dicha calificación no es mas que el reflejo de observar un defectuoso resultado obtenido. Para evitar resultados inesperados, adversos, injustos o inmorales, las ciencias se han preocupado primero por indagar y establecer cómo la sociedad hace las cosas (investigaciones) para luego proponer, dependiendo del enfoque cómo se deben seguir haciendo. En otras palabras, un producto de calidad o un resultado moral y socialmente deseable dependerá del procedimiento que se establezca al respecto.
Las formas en una democracia moderna son tan necesarias e importantes que garantizan precisamente la convivencia y el desarrollo de la justicia. Imaginemos que en un Estado una ley sólo pudiera ser dictada por un presidente o un rey, como sucedía en las antiguas monarquías o en las actuales dictaduras, y no por órganos que representen al pueblo, como el Congreso de la República. Dichas decisiones no solo alentarían profundos procesos revolucionarios y subversivos, sino que generarían una situación de caos social e institucional.
Sin embargo, la existencia de órganos de representación no necesariamente garantizan que sus decisiones sean democráticas o legal y moralmente aceptables. Para la muestra un botón: la extensa situación de anormalidad por la que sigue atravesando la Universidad Nacional. Con paros, inactividad académica, confrontaciones ideológicas de sus actores y en general la activación de la opinión pública y los medios de comunicación nos llevan a la necesaria conclusión de que algo no se hizo bien en dicha Universidad con la designación del rector.
Los estudiantes, profesores y egresados votaron la consulta; aquí no hubo problema. El turno correspondió luego a su Consejo Superior, y a partir de allí todo se tornó injustificado, incomprensible, dudoso, sospechoso y traumático. Sus principales errores: a) ilegalidad: establecer un mecanismo no contemplado en el estatuto de la Universidad para la designación de rector o rectora (el famoso método Borda) así haya sido aprobado por los consejeros; b) ilegitimidad: en una democracia deliberativa como la colombiana, los consejeros estaban en la obligación de explicar qué criterios tuvieron en cuenta para que determinado candidato resultara designado.
Adicionalmente, haber aprobado una votación secreta, riñe contra elementales principios democráticos, pues cercena a los electores la posibilidad de un adecuado ejercicio de control político sobre sus representantes. Si el argumento era que algunos consejeros fueron amenazados, les quedaban dos caminos: la solicitud de seguridad o la renuncia. Pero prefirieron anteponer sus intereses particulares a los de la comunidad.
Por eso, la designación de Peña como rector de la Universidad Nacional, fue a los trancazos. Su gran error haberse autoposesionado, sin activar cantidades de mecanismos legales como la solicitud formal de posesión ante el Ministerio de Educación, las acciones de cumplimiento o de tutela al menos como medida provisional.
No sabemos por qué no lo hizo y prefirió irse para una notaría. Por eso legalmente no es el rector de la Nacional. Y nuevamente serán los jueces de la República los que le digan a estos consejeros cómo deben hacer las cosas. Eso es motivo suficiente para solicitar la renuncia de todos los miembros de un Consejo Superior que no delibera ni decide.
Sin consejo y sin rector, cómo no va a intervenir el Ministerio de Educación, es su obligación. La falla no estuvo en los estamentos académicos, ni en los candidatos, ni en el presidente: El Consejo Superior de la Universidad Nacional ha sido incapaz de cumplir bajo criterios éticos, legales y democráticos, sus mas elementales deberes, por eso deben renunciar.