A mediados del 2022 la Asamblea de la ONU, consciente de la importancia de contrarrestar el alarmante declive mundial de los ecosistemas del planeta, y de que debe existir obligación en cada Estado de proteger la naturaleza y la diversidad, en un acto histórico declaró que: el acceso a un medio ambiente sano es un derecho universal. Como consecuencia de esto, el Consejo de Derechos Humanos ha instado a Estados, organizaciones internacionales y empresas a intensificar esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano, dado que ese derecho los obliga.
Entonces, quién más podría reclamar en nombre de los pueblos del planeta, el que se les garantice a todas las personas un entorno limpio, saludable y sostenible para vivir, con acceso a recursos vitales como aire y agua puros, en cualquier lugar. Y dado que dicho derecho se ha reconocido por las Naciones Unidas, en la medida en que se incorpore en diversas constituciones nacionales y tratados regionales, ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas.
Habrá que añadir, que si bien el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación, también la comunidad tiene la responsabilidad no sólo de participar en decisiones que afecten al medioambiente, sino también la de practicar una cultura ambiental y fomentar la conciencia colectiva, asumiendo valores para actuar como defensores medioambientales protegiendo los recursos naturales, velando por su conservación y por los ecosistemas.
Entendiendo la cultura ambiental como el conjunto de valores, actitudes, conocimientos y comportamientos que guían la relación entre las colectividades humanas y el medio ecosistémico con el cual interactúan, y concibiendo el territorio como una construcción social e histórica, y como tal como un sujeto de derechos bioculturales, la transformación del medio natural exige prácticas sostenibles y cuidado para su preservación, y por lo tanto para garantizarles a las futuras generaciones un medio ambiente sólido, resiliente y compatible con su cultura.
Y entrando al caso colombiano como país megadiverso, donde la Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido considerada una “Constitución Ecológica”, si los desafíos ambientales pasan por deforestación, contaminación hídrica, minería ilegal y amenazas para la biodiversidad, donde los factores antrópicos que exacerban la vulnerabilidad al cambio climático no paran, la ley deberá actuar sobre la tala y la expansión de la frontera agrícola; e igualmente, prevenir extractivismo irresponsable y vertimientos contaminantes, como hechos que contribuyen a la degradación.
Por fortuna, en Colombia se han adoptado políticas como la Resolución 2254 de 2017 que obliga a establecer metas a futuro para mejorar la calidad del aire y del agua, y se cuenta con un sistema de áreas protegidas para salvaguardar la biota, aunque falta avanzar de forma efectiva con acciones para restaurar ecosistemas degradados, blindar a personas y comunidades en situaciones vulnerables y vincular a la ciudadanía en actividades ambientales como: reciclaje, consumo responsable de productos ecológicos e iniciativas de protección ambiental.