Gonzalo Duque Escobar

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El cambio del tradicional sistema de producción y consumo lineal donde se extrae, produce, consume y desecha destruyendo los recursos a una velocidad superior a su ritmo de regeneración natural, por uno de economía circular con el cual el ciclo de vida de los productos se puede extender al reutilizar, reparar, reducir, renovar o reciclar materiales y productos existentes, para revalorar o crear valor añadido cuantas veces sea posible, conlleva a la conservación de los recursos naturales y a la reducción de los residuos y del despilfarro.
Sabemos que con una población global que ya se aproxima a los 8 mil millones de habitantes, la tercera parte de ellos en China y la India, la biocapacidad del planeta estimada en 1,8 hectáreas per cápita se ha superado, toda vez que la huella ecológica media al 2005 alcanzaba las 2 hectáreas por habitante, a pesar de que no se contabilizan impactos como la erosión o contaminación del suelo y del agua, y que se asume que las prácticas agropecuarias y forestales son sostenibles.
A modo de ejemplo, la actual industria de alta tecnología con su producción anual de miles de millones de aparatos eléctricos y electrónicos, produce consecuencias medioambientales desastrosas, como la contaminación digital que representa el 3,8% de las emisiones totales de dióxido de carbono CO2 del planeta, razón por la cual se viene proponiendo un modelo económico verde y circular que, además de reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero en la atmósfera, estimularía el crecimiento económico y crearía empleo.
Si bien la participación de la agricultura gravita con el 22% de la huella ecológica, y la quema de combustibles fósiles con una participación del 47% es la actividad más significativa, también la obsolescencia programada hace parte del problema, ya que allí se incluyen todas las técnicas mediante las cuales un comercializador pretende reducir deliberadamente la vida útil de un producto para aumentar su tasa de sustitución, sin importar el impacto que se ejerce por la chatarrización sobre el planeta.
Hoy cuando sabemos que la productividad del suelo disminuye con el tiempo como consecuencia del uso de productos contaminantes de base química, y la labranza excesiva por los efectos de la compactación y la erosión, tampoco se puede extender el modo de vida característico de los países más ricos, porque en la medida en que no se pueda compensar dicha pérdida con un aumento equivalente en la eficiencia de los procesos productivos, habrá que reducir el consumo así se afecte el nivel de vida para los habitantes del planeta.
Entrando al escenario latinoamericano, donde se genera en promedio 1 kilogramo diario de residuos per cápita según CEPAL 2020, y menos del 75% de los residuos urbanos se deposita en rellenos sanitarios y más del 20% va a vertederos abiertos (PNUMA 2018), en la ruta hacia un desarrollo sostenible urge modificar las políticas públicas, regulación y sistemas de gestión, y acoplar los sistemas de financiamiento y las capacidades en todos los países para abordar todas las etapas de la cadena productiva, desde la producción y el consumo hasta la de disposición final de los residuos.
Y para el caso colombiano, la Estrategia de Economía Circular del PND 2018-2022, que parte de la lógica de “producir conservando y conservar produciendo”, además de la meta de reducir los Gases de Efecto Invernadero para el año 2030, ha prometido incrementar la tasa de reciclaje y el uso de residuos sólidos, toda vez que respecto a los países de la OCDE, duplicamos el consumo de materias primas, somos cuatro veces menos productivos por hectárea de tierra y consumimos en promedio casi cinco veces más agua.
Al respecto, si la Huella Hídrica es un indicador que permite identificar las relaciones socioambientales respecto al agua, así Colombia sea una potencia mundial por su patrimonio hídrico que le aporta el 10% al PIB nacional, dado que los costos ambientales y ocultos malogran el 45% de dicho aporte, los desafíos también pasan entre otros, por reducir la enorme huella hídrica gris asociada a la carga contaminante del sector agrícola, en productos como café (55%), arroz (19%), maíz (11%), papa (7%) y otros cultivos (8%).
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