Aunque el Chavismo que se implantó cerrando el siglo XX, dejó de existir el 3.01.2026 cuando un comando de la Fuerza Delta de los Estados Unidos en una incursión militar concebida como operación policial, aprehendió al dictador Nicolás Maduro y a su señora Cilia Flores para trasladarlos a una corte en Nueva York, sus ruinas maniatadas todavía siguen gobernando con Delsy Rodríguez que por ahora funge como su guardiana, acompañada por Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Jorge Rodríguez y otros enchufados al régimen, todos sostenidos ayer por el dinero ya agotado, y luego por la represión inmisericorde y las desapariciones forzadas.
Pero admitiendo que el régimen venezolano logró instigar un éxodo de casi ocho millones de migrantes y robarse las elecciones presidenciales del 2025, así se argumente que Washington actúo en derecho para recuperar de Venezuela el petróleo que le fue “robado” a Estados Unidos, otra es la óptica de las Naciones Unidas que, pese a haber reconocido en sus informes sobre Venezuela una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias contra los oponentes del Chavismo, considera que la sacada de Maduro fue ilegal e imprudente al empujar a Estados Unidos, sin acudir previamente al Congreso, hacia una crisis internacional.
Dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo o de las otras drogas que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en Estados Unidos, ni de la cocaína que sí produce, pero fluye a Europa, una explicación más plausible de la acción militar derivada de la política de Trump, en la que se procede sin ningún atisbo de legitimidad internacional, es reafirmar y aplicar la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, abriéndose camino en otros países vecinos, pero arriesgándose a dar una justificación expansionista a los gobiernos autoritarios de China y Rusia.
Finalmente, en el nuevo escenario, a medida que crecen los reclamos no solo de familiares y organizaciones no gubernamentales, sino también de venezolanos que reclaman “libertad plena” y cuanto antes para todos los detenidos, la pregunta frente a una acción de las naciones que salvaguardan la democracia, es por qué no reclamarle a la OEA que haga presencia en el lugar actuando en el marco de la Carta Democrática Interamericana, para recibir a más de 900 personas que continúan prisioneras injustamente por motivos políticos, ya que según Foro Penal y la JEP cerrando enero se han confirmado pocas excarcelaciones.
Si entre los valores democráticos de la Carta están el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales, además de los derechos sociales, la pregunta es, si tras la salida de Nicolás Maduro -el dictador detenido, extraído y judicializado por conspiración de narcoterrorismo y delitos relacionados- por qué no parar la represión política que continúa en Venezuela para darle paso a la libertad y masificar liberaciones, como requisito de una transición democrática que le ponga fin al régimen de orientación socialista y bolivariana que sumió al país en la desgracia para recuperarlo de la profunda crisis y deterioro institucional.