El 10 de marzo del 2021, la Procuraduría Provincial de Manizales remitió por competencia a la Personería Municipal la denuncia instaurada por el suscrito sobre lesivas irregularidades en el contrato de alumbrado público del Invama para los años 2021 a 2023, cuyo presupuesto era de $33.669 millones. Documenté en la denuncia cómo el gerente de ese entonces declaró desierta la licitación, a pesar del concepto técnico favorable del comité evaluador, para pasar, al día siguiente, a contratar directamente los servicios con la misma empresa ganadora, pero por un valor más elevado, ocasionando una lesión económica millonaria.
El 20 de mayo del 2021, la Personería aperturó indagación previa en contra de Arturo Espejo Arbeláez, el entonces gerente, e inmediatamente engavetó el expediente en un acto de negligencia, indolencia, complicidad, connivencia y corrupción. Así permaneció el proceso hasta el mes de marzo del 2025 (cuatro años después), cuando decidió aperturar investigación disciplinaria y dejar el proceso nuevamente paralizado hasta el 9 de diciembre del mismo año, para acumularlo con un informe del propio asesor de control interno del Invama que denunciaba la misma irregularidad.
En febrero del 2026, la Personería “descubre” que los hechos denunciados ocurrieron en diciembre del 2020 y, como ya habían transcurrido más de cinco años, dispuso el archivo definitivo de las diligencias, lo que significa el decreto oficial de impunidad de uno de los actos más aberrantes en la Administración de Carlos Mario Marín.
¿Esta es nuestra justicia? ¿Es aceptable que una entidad que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos, se preste para cubrir los actos delictuosos de los miserables que nos desangran sin consideración? ¿Solo basta entonces saber cómo mover los hilos y dilatar las investigaciones en el tiempo, para poder lucrarnos del erario sin temor al castigo? ¿Se justifica el actuar de la Personería?
Hay que reconocer que el personero actual, al enterarse de esta situación, envió un oficio a la Procuraduría para que, si a bien tiene, entable las acciones disciplinarias en contra de los funcionarios omisivos. Pero eso no basta. Primero, porque el hecho está consumado y resulta absurdo pedirle a la Procuraduría, que también engavetó múltiples procesos en contra de la Administración Marín, que hoy investigue a quienes recibieron lo que desechó primigeniamente la institución; y, segundo, porque aquí hay una omisión institucional que degrada la existencia de entes de esta naturaleza. Un Ministerio Público aliado de los administradores corruptos, pierde totalmente la confianza y genera una sensación de desprotección estatal que ahoga aún más al ciudadano.
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Manizales padeció un período de cuatro años de saqueos, y nada pasó. Un período donde el latrocinio fue amparado, protegido, concebido y orquestado desde todos los círculos del poder y con la aquiescencia de los órganos de control y de justicia. Por eso fue lógico el castigo infligido en las urnas a la cabeza de la mafia Marín. ¡Como triste el actuar de nuestra justicia y, más aberrante aún, nuestro silencio y resignación!