Después de escuchar al alcalde, Jorge Eduardo Rojas, hablar sobre el estado en que encontró la ciudad, los manizaleños nos sentimos adoloridos, no solo porque los actos aberrantes los advertimos previamente, sino por la permisividad que se guardó durante cuatro años de corrupción, desorden administrativo, abusos y pérdida de valores. Es entonces cuando advertimos la responsabilidad que les atañe a los organismos que se hicieron los de la vista gorda, mientras la mafia saqueaba nuestras arcas y dilapidaba el presupuesto de la ciudad. Y nos preguntamos: ¿qué función cumplió el Concejo de Manizales como controlador político del Municipio? ¡Ninguna! Se limitó a aprobar, hasta última hora, adiciones presupuestales absurdas que engrosaron las arcas públicas, de donde se surtieron los corruptos y se abastecieron contratistas, electoreros y burócratas. Fueron aprobaciones que dolieron, porque la minoría del  Concejo advirtió sobre ello y simplemente se impuso la fuerza de la Administración de una manera no gratuita, por supuesto, pero sí descarada e irrespetuosa.
¿Dónde estuvo la Contraloría Municipal cuando los proyectos fracasaban por incumplimiento en el tiempo, pérdida de recursos, adiciones millonarias, improvisación y desgreño? Se limitó a producir informes previamente conciliados con la Administración, develando algunas cosas insignificantes de las cuales se daba traslado a otros entes para que allí durmieran el sueño de los justos. Es decir, demostró que es solo un ente burocrático sin oficio y que lo mismo daría su supresión o inexistencia, mientras quienes la dirigen se dobleguen ante sus controlados como lo hizo la nuestra en este período de Gobierno.
¿Cuál fue la función de la Procuraduría General de la Nación, entidad a la que se le rió en su cara la Administración, haciendo caso omiso de sus disposiciones sancionatorias y obviando las inhabilidades de funcionarios? Callaron y dilataron los procesos de una manera descarada, mientras la impunidad insuflaba confianza en los corruptos que se veían avalados por la indolencia. No es casual, por ejemplo, el silencio en el proceso que tiene encartado penalmente al exalcalde; o que apenas el 3 de enero de 2024 se anuncie la apertura de una investigación disciplinaria contra el exgerente de Ideas Más, cuando la denuncia se interpuso el 21 de noviembre de 2021. ¡Cuánto daño se causó en este tiempo! ¿Por qué esperar a que saliera Carlos Mario para iniciar la investigación?
¿Cuál fue la función de los gremios, a quienes el exalcalde les defraudó la confianza que depositaron cuando les presentó la supuesta reactivación económica, y que no fue más que otro escalón en el ascenso hacia el enriquecimiento personal y la ruina municipal? Resignación, silencio, complicidad, lucro e indolencia. ¿Cuál es el sentido de los gremios, si la ciudad donde tienen asiento se desmorona ante sus ojos y solo entregan indiferencia y connivencia con el destructor? ¡Irresponsables, todos!

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Hay que abonarle sí al pueblo, al elector primario, al votante autónomo y al ciudadano consciente que se manifestó en las urnas con una votación aplastante por el nuevo alcalde, pues esta no solo fue una votación por el candidato, sino un castigo a una Administración perversa. Es el castigo de la democracia, y un golpe para los organismos constitucionales que omiten sus funciones sin reato ni vergüenza. Pero -no nos cansaremos de decirlo- el alcalde no puede luchar solo. La reconstrucción de la ciudad es una tarea de todos y, aunque no lo creamos, las pequeñas cosas serán definitivas para impulsar las grandes realizaciones. Un saludo amable, una atención cordial a los clientes, no parquear en sitios prohibidos, respetar las señales de tránsito, ceder el paso al peatón, alternar el paso de vehículos voluntariamente en puntos de embotellamiento, no dejar ni recoger pasajeros en sitios no destinados para ello, no pitar, no arrojar basuras a la calle, etc., son comportamientos que, si nos proponemos, cambiarán el ambiente cotidiano y convertiremos a Manizales nuevamente en esa ciudad envidiable para vivir. Son pequeños aportes del ciudadano del común, que complementarían las grandes obras de la Administración.