Con todo lo que se destapa en este país, y cuando vemos que cada escándalo supera al anterior, la confianza en la institucionalidad colombiana está perdida, pues las evidencias nos muestran que el Estado entero está al servicio de la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico. Hay infiltraciones macabras en el Ejército Nacional, los entes de control, el Congreso de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Presidencia, los ministerios, la justicia y, en general, en todas las instituciones. La corrupción y las manos oscuras de grupos comunistas supieron esperar el momento y, a través del caos y el vandalismo, se tomaron el poder -que seguramente no soltarán por las vías democráticas-, y terminaron arrasando con cualquier asomo de decencia y pulcritud.

Y evidenciamos lo que anunciamos desde campaña: que quienes gobiernan a Colombia son el M-19 junto con las Farc y el Eln, grupos narcoterroristas que asuelan el país sin conmiseración. Y lo podemos afirmar con contundencia y sin temor a equivocarnos, pues ya ni se preocupan por ocultarlo y, por el contrario, hacen ostentación de ello, ganando la adhesión de la delincuencia y de aquellos vagos cuya esperanza es vivir de un Estado repartidor de miseria.

Cuando demandamos la inconstitucionalidad de la Ley de Paz Total adujimos que no solo adolecía de vicios de forma, que en un sentido estricto jurídico hubiera sido suficiente para declararla inexequible, sino que violaba los preceptos constitucionales y los principios de la justicia transicional, sobre todo el de la no repetición. Demostramos que se entraría a favorecer a quienes habían reincidido en sus delitos a pesar de que estaba expresamente prohibido. La Corte asumió una posición evasiva declarándose inhibida para fallar, y dejó entonces el poder de decisión en manos de un presidente que bien sabía para qué había hecho aprobar irregularmente su ley de impunidad y dictadura judicial.

La ley crea una “…instancia de alto nivel para estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que pudieran verse beneficiadas con esta ley”. Y queda entonces la decisión de entregarles impunidad a los delincuentes en poder, principalmente, del Ministerio de Defensa, la DNI y el Alto Comisionado para la paz. ¡M-19 puro!

En la práctica, hoy está entonces en manos de ese grupo la decisión de cuáles criminales salen de las cárceles; a cuáles se les levantan las órdenes de captura; a cuáles se les cubre con protección para que sigan delinquiendo; a cuáles se les permite seguir con actividades de narcotráfico, secuestro, reclutamiento y violación de menores, asesinatos masivos, atentados a la infraestructura y, en general, las actividades perversas que se incluyen en “todas las formas de lucha”. Traducción: el M-19 se tomó el poder y su evidente sociedad con las Farc y el Eln no nos deja dudas de que harán hasta lo imposible por mantenerse allí. ¿Ahora sí vemos por qué Petro ondea su bandera con tanto ahínco? ¡Unión de la derecha, por favor!