Mientras Petro se encuentra en Haití derrochando nuestro presupuesto, el Catatumbo explota, el país se desmorona, y en la zona de guerra hace presencia Diosdado Cabello como auxiliador de sus aliados terroristas.
¡Y la plaga petrista diseminada por todo el país vandalizando muros con sus asquerosos grafitis, financiados desde el propio Gobierno!
Más de cien muertos y treinta y dos mil desplazados es el saldo parcial de la oleada de terror causada por enfrentamientos entre el Eln y las Farc Ep en el Catatumbo; y ante el sufrimiento y la barbarie que se imponen en una región en la que Venezuela tiene injerencia directa, el Estado colombiano se ausenta miserablemente, dejando a la deriva a niños indefensos y civiles inermes cuya suerte le es indiferente a un Petro indolente, mezquino y perverso.
¿Es fortuito lo que pasa en el Catatumbo? ¡No! Esto es premeditado, concertado, calculado y puntualmente planeado.
Y parece parte del pacto de la Picota en el que la campaña de Petro se comprometió con estos grupos armados a facilitarles sus actividades ilícitas, y hoy tiene que cumplirles a rajatabla los compromisos.
Porque no de otra forma se entiende que el Gobierno se margine de esta zona cuando está minada de terroristas y de delincuentes armados imponiendo su voluntad.
Y si aparece, sirva solo de dama de compañía a los desplazados, cuando su obligación es defender el territorio y garantizar vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Además, servirse de las omisiones del Gobierno para forzar estados de excepción es una trampa peligrosa que los colombianos no podemos aceptar. Porque de allí se desprenden decisiones que el Gobierno sabe no serían aprobadas por el legislativo y aprovecha para imponerlas vía decreto presidencial.
Es la materialización del autoritarismo que tanto ha buscado el sátrapa criollo, y la instauración de un régimen fascista que tanto censura el Gobierno en cabeza de sus enemigos.
Si el Estado hiciera presencia con una fuerza pública armada, combatiente, masiva y dispuesta a controlar la zona, ¿habría necesidad de decretar un estado de excepción? ¡No! Pero ese es precisamente el problema: que Petro no parece dispuesto a entrar en la zona para ejercer el control estatal, pues prefiere dejar ese corredor al servicio del narcotráfico y cumplir sus promesas de campaña con el Eln y demás grupos narcoterroristas.
Ya lo dijo claramente Olmedo López en su declaración ante la Corte: millonarios fondos de la UNGRD fueron a financiar las actividades del Eln vía contratación estatal, por orden expresa del Gobierno nacional.
¿Podrá hoy una fuerza pública diezmada, minimizada, desmoralizada y débilmente armada enfrentar con éxito las fuerzas terroristas que el Gobierno ha ayudado a fortalecer?
Repito: todo esto parece fríamente calculado, pues un Gobierno que, paralelamente con el desarme y debilitamiento de la fuerza pública financia, apoya y protege los grupos narcoterroristas, sabe que cualquier batalla la tendrá perdida el Estado regular. Y eso parece satisfacerle en grado sumo al dictador. ¡La impotencia es total!
