La realidad enseña que nada es definitivamente bueno o malo. “(…) es cuestión del color del cristal con que se mira”, dijo el poeta clásico español. La lógica recomienda, ante la necesidad de optar por una selección, identificar factores positivos y negativos del asunto en cuestión y, dependiendo del resultado del balance, tomar la decisión más conveniente.
“Después de ojo sacado no hay santa Lucía que valga”, por lo que el actual Gobierno colombiano es un hecho definido democráticamente en las urnas, con vigencia hasta agosto del 2026. Sin embargo, los avances de sus realizaciones hasta la fecha deben calificarse con objetividad, con los ojos puestos entre optar por la continuidad del modelo actual o hacer un cambio, pensando en el bienestar general, antes que en el lucimiento de personajes sin méritos distintos a querer ser importantes y poderosos, antes que útiles.
Algunos comentaristas serios y doctos destacan del Gobierno del cambio algunos hechos positivos, como la adjudicación de tierras a los campesinos pobres, de las incautadas a organizaciones criminales, para mejorar la productividad agrícola y garantizar la autosuficiencia alimentaria. La reforma laboral, que mejora las condiciones salariales y prestacionales de los trabajadores formales. Y los cambios en los requisitos para acceder a la pensión de vejez, que favorecen a los ancianos que no los alcanzan; y a las mujeres que, a pesar de laborar larga e intensamente, no cumplen con los requisitos señalados por el sistema vigente.
Partiendo del principio de que el Estado es un organismo integrado por variados sistemas, cuyo funcionamiento armonioso es indispensable para el resultado final, en el contrapeso de la balanza, después de admitir la realidad de los aciertos señalados antes, hay que poner factores negativos que pesan más. El más grave, la proliferación de bandas criminales, con las que pretende el Gobierno negociar una “paz total”. Ellas copan toda la geografía nacional e inciden en las administraciones regionales, manipulan la política, controlan la cotidianidad ciudadana y consolidan su poder gracias al fortalecimiento económico que alcanzan con sus actividades ilegales, la principal el narcotráfico.
Otro factor perverso, no menos grave, es la corrupción, que invadió todas las instancias del poder público y desvalorizó la ética, al punto de señalar al honrado como pendejo. La reforma a la salud ha sido calamitosa. Y, para colmo, porque el espacio se agota, se ha puesto de moda la rehabilitación social de criminales que cumplieron sus penas, en Colombia o en el exterior, y ahora se pavonean por los antiguos escenarios de sus “hazañas” como se exhibe un náufrago rescatado, entre aplausos y reconocimientos.
O, peor aún, mientras los jóvenes profesionales reparten hojas de vida tras un cargo mal remunerado, reconocidos delincuentes son titulados “gestores de paz”, con millonarios sueldos y esquemas de protección. Así las cosas, bien hechas las cuentas, el balance del Gobierno del cambio arroja un saldo negativo.