Las personas que acusan un considerable recorrido por la historia política de Colombia, como actores o simples espectadores, pueden dar cuenta de episodios de variada índole que han sucedido durante las campañas previas a elecciones parlamentarias y presidenciales, así como departamentales y municipales, en épocas anteriores, y confirmar, ante el espectáculo que ofrecen las actuales del 2026, que “no hay situación, por mala que sea, que no sea susceptible de empeorar”.
Además de la violencia que amenaza a los actores, y recientemente cobró la vida del joven aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, y otros casos de atentados contra funcionarios y activistas políticos, la inscripción de candidatos continúa.
El sistema electoral amerita una reglamentación seria, porque algunos personajes, en plan de notoriedad, para ver sus fotos en medios impresos y noticieros, o ser entrevistados por noticieros radiales, se lanzan a la palestra electoral a sabiendas de que carecen de las condiciones mínimas para desempeñarse en determinados cargos públicos, sin tener en cuenta los altos costos en los que tiene que incurrir el Estado, a través de las autoridades electorales, y la confusión que crean en el sistema político de partidos y movimientos independientes, lo que no es más que una burla a la democracia, para satisfacer la vanidad de individuos que quieren darse vitrina, agregando a sus precarias hojas de vida el título de “precandidatos” a tal o cual alto cargo.
Son ostensibles los casos de aspirantes a la Presidencia que enfrentan procesos judiciales por malos manejos en el desempeño de alcaldías y gobernaciones. El detrimento de las arcas oficiales a su favor se evidencia con los altísimos gastos, verdaderamente desproporcionados, en los que están incurriendo haciendo campaña por todo el país y pagando asesorías, sin que haya, como en otros casos de aspirantes competidores, un patrocinio económicamente poderoso, o un respaldo patrimonial antecedente y demostrable.
Desde estas líneas se ha insistido en la necesidad de revisar el sistema democrático, en Colombia y el resto del mundo, porque la corrupción, ahora respaldada por la tecnología informática, se burla de la voluntad popular, alterando procesos y resultados, a conveniencia de arribistas, mafiosos y dictadores disfrazados de “estadistas”, que llevan a los países por despeñaderos, arrastrando a las comunidades que ingenuamente los unge con el voto, convencidas de estar ejerciendo un sagrado derecho democrático.
La revisión del sistema político de selección de actores y administradores en el poder tiene que comenzar por fijar requisitos mínimos, académicos o de experiencia comprobada, y condiciones éticas demostradas en el digno desempeño familiar y comunitario, para gobernantes o legisladores, que en algún momento se derogaron, invocando principios humanitarios arropados por discursos de filosofía democrática, que no hicieron otra cosa que pervertir el poder, poniéndolo en manos de aventureros y empresarios del crimen organizado.