La situación política y social en Colombia se encuentra en un estado crítico, que parece ser endémico, y que amenaza la integridad de su democracia de una manera preocupante. La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe alarmante que identifica un riesgo electoral que abarca 380 municipios de 24 departamentos en el país. Estas cifras escalofriantes son un indicador claro de la grave amenaza que enfrenta el sistema electoral colombiano, donde la libre expresión de la voluntad popular está siendo coartada por la sombra ominosa de la violencia y la intimidación.
La administración actual, ha proclamado su compromiso con la búsqueda de una “paz total”. Esta aspiración se encuentra atrapada en un conflicto de intereses de los grupos armados ilegales. Cada vez que nuestra nación busca alcanzar la paz, surgen manos de rufianes que obligan a muchos alcaldes a gobernar desde la distancia, huyendo de las amenazas de los violentos que han demostrado su disposición a imponer su voluntad por medio de la fuerza bruta.
Esta situación se vuelve aún más lúgubre al analizar las estadísticas proporcionadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En lo que va del año 2023, se han registrado 100 asesinatos de líderes sociales, lo que ilustra la vulnerabilidad de aquellos que luchan por una sociedad más justa y equitativa. Pero lo que resulta aún más alarmante es el número de masacres: 57 en el mismo período, con un total de 185 víctimas. Estos actos de violencia colectiva son un recordatorio de que la seguridad en muchas regiones de Colombia está lejos de ser garantizada, poniendo en riesgo no solo la integridad del proceso electoral, sino también la vida misma de sus ciudadanos. En su mayoría, las víctimas fueron personas valientes que luchaban por un cambio en sus comunidades, y su muerte es una clara indicación de que los bandidos no están dispuestos a ceder su poder ni permitir que otros lo desafíen pacíficamente.
Este riesgo electoral no solo se manifiesta en la violencia física, sino también en la erosión de la confianza en el sistema democrático. Las elecciones pasadas han sido empañadas por una serie de escándalos que están minando la credibilidad de las instituciones democráticas, socavando la confianza del público en la posibilidad de un proceso electoral justo y transparente.
En un intento de superar esta crisis, es esencial adoptar un enfoque multidimensional que aborde las causas subyacentes de la violencia y la falta de seguridad en Colombia sin ceder en el ejercicio de la autoridad legítima del Estado. La inversión en desarrollo social, la reducción de la desigualdad y la creación de oportunidades económicas pueden debilitar la influencia de los grupos criminales y ofrecer una alternativa más atractiva a la juventud vulnerable, siempre de la mano de un Estado presente en la vida diaria de sus nacionales.
En el mismo contexto, la prensa independiente y las organizaciones de derechos humanos también desempeñan un papel crucial al exponer las atrocidades y exigir responsabilidad. Sin embargo, es fundamental que estas voces no se silencien, ya que la violencia y la intimidación también se dirigen a aquellos que intentan arrojar luz sobre la oscuridad que envuelve el proceso electoral.
La actual es una crisis de proporciones alarmantes. La violencia y la intimidación por parte de grupos criminales amenazan la integridad de las elecciones y minan la confianza pública en el sistema democrático. Las cifras sombrías de líderes sociales asesinados y masacres son un recordatorio de que la seguridad en muchas partes del país sigue siendo un sueño esquivo. Para enfrentar esta crisis, se requiere un esfuerzo concertado y multidimensional que aborde tanto las causas subyacentes de la violencia como las debilidades en el sistema electoral y que devuelva la confianza en las instituciones mediante la presencia determinada de una fuerza pública garante de los derechos de los ciudadanos y presente para garantizar un país en paz. Solo a través de esta combinación de medidas se podrá esperar una recuperación de la democracia en Colombia y un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.