La muerte no conoce estratos, ni ideologías, ni posición económica o formación académica. Todos, sin excepción, deberemos transitar por este ignoto sendero que llena de pesadumbre nuestros días. Enfrentarla hace parte del designio que nos es impuesto desde la cuna y racionalizarla es una obligación que nos debemos exigir para madurar.
Válgase decir, que, aunque suene lógico, el derecho a la vida es igualitario. Por lo mismo, la importancia que el Estado brinda para su protección debe ser equivalente para ricos y pobres; intelectuales y analfabetas; blancos, afrocolombianos, indígenas o mestizos; políticos, policías o población del común. Esta protección debe garantizarse a través de acciones afirmativas y no a través de bellas palabras pronunciadas en foros internacionales ni mediante un eslogan publicitario para promocionar una política de Estado.
Acciones concretas de lucha frontal contra todos los fenómenos de criminalidad son las que demanda la sociedad colombiana. La delincuencia se ha tomado las calles y la sensación de un Estado débil abruma a una población que, atónita, contempla que su vida no vale absolutamente nada para una institucionalidad quebrantada por grupos armados organizados. Los ejemplos no son pocos.
El capitán Jesus Solano falleció en la noche del 28 de abril de 2021 cuando intentaba detener unos manifestantes que procuraban robar un cajero de Bancolombia. Al confrontarlos recibió cinco heridas con arma blanca que le causaron la muerte. Hoy sus asesinos posiblemente se conviertan en gestores de paz mientras su familia, absorta, observa que su vida no valió nada.
Camilo Vélez era un joven ingeniero civil de 27 años que durante la noche del 25 de junio de 2021 intentaba evadir un bloqueo sobre el Portal Las Américas en Bogotá. En su intento por no quedar confinado tomó la decisión de regresar en contravía por la Avenida Ciudad de Cali sobre la cual, momentos antes, algunos manifestantes del paro nacional habían instalado un cable para decapitar a los transeúntes. Infortunadamente Camilo terminó degollado sobre la vía y sus victimarios fueron rápidamente aprehendidos por la fuerza pública. Hoy, estos angelitos tal vez regresen a sus casas y la muerte de este ingeniero quedará en la impunidad. Su muerte poco representa para las encopetadas clases políticas.
Dos pequeñas bebés se trasladaban en ambulancia para recibir atención médica urgente que les permitiera salvaguardar sus vidas. Una de ellas era movilizada desde Buenaventura hacia Cali y otra de Bogotá a Tunja. Los bloqueos sucedidos durante el paro nacional en 2021 y que afectaron la normalidad de la ruta, derivaron en el fallecimiento de estas inocentes niñas. Los responsables de estos homicidios nunca respondieron y hoy duermen plácidamente en sus camas. Las vidas de estas princesas importaron un comino para la justicia politizada.
Con razón se reclama justicia para las cerca de 80 víctimas fallecidas, presuntamente, a manos de miembros de la fuerza pública durante las protestas sociales de 2021. Sus familias tienen derecho a elevar sus voces por sus padres, hermanos o hijos que perdieron la vida a manos de un accionar violento. Este postulado no se discute y merece ser dignificado por un sistema judicial que esclarezca los hechos en los cuales estos jóvenes fallecieron.
Sin embargo, de los listados que con frecuencia se publican, se han excluido los nombres de las víctimas que perecieron a manos de los manifestantes quienes como el capitán Jesús Solano, Camilo Vélez o las dos pequeñas que ni siquiera fueron bautizadas, hoy yacen en frías tumbas que parecen no importar. Mientras sus victimarios celebrarán en sus casas el año nuevo, sus familiares se ahogarán en la impotencia de una vida que no conmovió a nadie.