El drama con el proceso iniciado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para el suministro de pasaportes de todos los colombianos parece que se extenderá más allá de lo previsto. Los próximos años serán una pesadilla para los involucrados que en mala hora participaron de este proceso. Primero los antecedentes. El 24 de mayo de esta anualidad el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores dio apertura a la Licitación Pública No. 01 de 2023 iniciada por dicha entidad cuyo objeto era “Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”. El contrato tenía una duración de 35 meses y una nada despreciable cuantía de casi 600 mil millones de pesos, esto es, un poco más de 17 mil millones por mes. Dinero suficiente para imprimir un pasaporte para cada colombiano a razón de 12 mil pesos cada uno. Pero ello es otra historia.
Dos proponentes se disputaban este jugoso proceso. La UT Pasaportes 2023 liderada por la firma Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., y la UT Libretas 2023 liderada por Cadena S.A. Ambas firmas con experiencia y trayectoria suficiente para concursar en franca lid por este contrato. Después de un pedregoso proceso licitatorio, la entidad contratante decidió declarar desierta la licitación mediante resolución No. 7485 del 13 de septiembre de 2023 al sostener, extrañamente, que un proceso de único oferente es un proceso viciado. Llama la atención que la entidad contratante haya asimilado los yerros en la propuesta de la UT Libretas 2023 como si se tratase de una propuesta inexistente. En efecto, este proponente se presentó al proceso licitatorio y, solo después de la fase de evaluación se identificó que no había cargado en la plataforma del SECOP II la totalidad de los documentos necesarios para completar su propuesta. Ante dicha anomalía la entidad consideró viable darla como inexistente y considerar el proceso de selección como un proceso de proponente único, lo cual, a criterio de la entidad contratante, se convertía en un vicio insalvable, razón por la que se debería dar cabida a declarar desierto el concurso.
La ligereza en la interpretación jurídica dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a este proceso de evaluación linda con la irresponsabilidad. El Consejo de Estado en múltiples fallos ha conceptuado que los pliegos de condiciones se convierten en el marco general que debe orientar el proceso contractual. Si un proponente acredita efectivamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la etapa precontractual, no existiría ninguna razón válida para desestimar su propuesta y abrir las compuertas de un costoso litigio para el Estado Colombiano. Por defender esta tesis rodó la cabeza de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y rodarán en los próximos días importantes direcciones de la Cancillería. La ligereza en la interpretación de las normas contractuales en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha llevado a la paralización de un proceso que es vital para la identificación y seguridad de los ciudadanos colombianos. La producción y distribución de pasaportes es un servicio esencial que no puede ser interrumpido por disputas legales.
La gestión del proceso de licitación que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido cuestionable. La falta de claridad jurídica en el proceso ha llevado a la paralización de un servicio esencial, afectando a millones de colombianos. Es imperativo que se tomen medidas para rectificar esta situación y garantizar la continuidad del servicio de pasaportes. El futuro judicial de esta litis ha entrado en el terreno de la incertidumbre y solo el tiempo dirá cómo se resolverá este “pasaporte al infierno”.