Se ha anunciado una visita de varios congresistas de la bancada del Pacto Histórico a Washington para denunciar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ruptura del orden institucional en Colombia. Al margen del criterio individual que cada uno ya debe haber construido en su fuero interno sobre la pertinencia de dicha querella, conviene analizar el marco legal que orientan este tipo de iniciativas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada mediante el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Su sede principal está en Washington y dentro de sus funciones se encuentra, entre otras, la facultad para analizar e investigar peticiones individuales por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los estados signatarios.
De igual forma, como parte de la Organización de los Estados Americanos, este órgano, “estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos; tales como, las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de las y los defensores/as de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes y de las personas privadas de libertad; sobre la libertad de expresión; la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos; entre otros”.
Estos informes, que son de carácter general (que no particular, para cuyo caso existen las peticiones individuales), hacen parte del soft law interamericano y en ninguna forma se considera vinculante para los Estados miembros, siendo en nuestro caso la rama ejecutiva del poder público, como representante del Estado Colombiano, la responsable de analizar y coordinar interinstitucionalmente los mecanismos para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tratándose de peticiones individuales por violación a los Derechos consagrados en la Convención, la Comisión podrá presentar el caso ante la Corte Interamericana y comparecer ante la misma durante su trámite.
Lo que resulta absolutamente insólito es la denuncia presentada por una bancada de Gobierno ocasionada por la supuesta ruptura del orden institucional, generada por la suspensión temporal del cargo del canciller de la República, cuando será la misma Cancillería la que debe responder los requerimientos que eventualmente le formule la Comisión. En todo caso, la CIDH carece de competencia para adoptar decisiones vinculantes tendientes a modificar el orden institucional colombiano y cualquier recomendación será no vinculante.
En el mismo sentido, es importante resaltar que la decisión de suspensión adoptada por la Procuraduría General de la Nación se encuentra dentro del marco normativo nacional, y cuenta con los recursos necesarios para ser controvertida. Respetar el ordenamiento jurídico debe ser la premisa que oriente la función de los servidores públicos quienes juran, en todo momento, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El debate internacional sobre esta contingencia le presta un flaco servicio a Colombia, pues implica un desgaste innecesario de una bancada de congresistas que otrora pregonaban la necesidad de respeto hacia las instituciones del Estado Colombiano. La confianza y el respeto en las entidades debe mantenerse más allá de los protagonismos individuales.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre todas las partes involucradas, con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el respeto de los derechos humanos en Colombia. La libertad se fortalece con el debate y la crítica constructiva, no con la confrontación y el desgaste innecesario. Es hora de que todos los actores políticos en Colombia se unan en un esfuerzo común para fortalecer la patria. La paz y la prosperidad de Colombia dependen de ello.