En el Gobierno actual, la incertidumbre se ha convertido en un factor clave que afecta la economía, la política, las relaciones internacionales, la legitimidad institucional y la cohesión social.
Bajo el mandato del presidente Gustavo Petro diversas reformas y políticas han generado preocupación y escepticismo en distintos sectores.
Desde la reforma a la salud hasta la política de “paz total”, cada iniciativa ha sembrado dudas sobre su viabilidad y sus efectos en la sociedad y la economía.
Uno de los principales impactos de la incertidumbre es su efecto en la inversión. Cuando los empresarios no tienen claridad sobre el futuro normativo, fiscal o laboral, postergan sus decisiones de expansión, reduciendo el crecimiento y la generación de empleo.
La reforma laboral y la pensional han generado temores sobre el aumento en los costos para los empleadores y la sostenibilidad del sistema de jubilación.
En este contexto, muchas compañías prefieren una postura conservadora, limitando su inversión y afectando la competitividad económica.
El sector financiero también sufre las consecuencias. La volatilidad de los mercados aumenta cuando las señales del Gobierno son confusas o contradictorias, encareciendo el acceso al crédito y afectando la estabilidad del peso colombiano.
La política de transición energética, que busca reducir la dependencia del petróleo y el carbón, ha generado inquietud en los inversionistas, quienes temen una caída en los ingresos del país y una posible crisis fiscal.
A nivel internacional, la incertidumbre en la política exterior colombiana ha despertado preocupaciones. Las tensiones con aliados estratégicos y los acercamientos con gobiernos considerados polémicos pueden afectar la inversión extranjera y la cooperación internacional.
La economía colombiana, altamente dependiente del comercio y la inversión foránea, podría enfrentar un escenario desfavorable si las relaciones diplomáticas no son gestionadas con prudencia.
Por otro lado, la incertidumbre también impacta la confianza pública. La percepción de que el Gobierno carece de un rumbo claro debilita la legitimidad de las instituciones y fomenta el descontento social.
La política de seguridad, por ejemplo, ha sido criticada por su falta de efectividad en el control de la violencia en varias regiones del país, generando una sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía y socavando la credibilidad del Estado.
La reciente renuncia de varios ministros del gabinete Petro ha incrementado la incertidumbre política. Los cambios constantes en la Administración generan dudas sobre la estabilidad del Gobierno y su capacidad de ejecución. Cuando los equipos de trabajo del ejecutivo no logran consolidarse, la implementación de políticas se ralentiza y el país queda en un estado de indefinición.
Esto no solo afecta la gobernabilidad, sino que también profundiza la polarización política y la desconfianza en las instituciones.
La incertidumbre tiene costos económicos, políticos y sociales significativos. Sin reglas de juego claras y estabilidad institucional, el país enfrenta riesgos de desaceleración económica, pérdida de inversión y erosión de la confianza pública.
Es fundamental que el Gobierno adopte estrategias para reducir la incertidumbre, brindar mayor claridad sobre sus reformas y fortalecer la estabilidad institucional. Necesitamos certezas. Como enseñaba Buda: “El miedo crece en la incertidumbre; la verdad nos da claridad y confianza”.