8 de enero del 2021, Twitter, en ese momento, suspendió la cuenta de @realDonaldTrump.
La razón: “incitación a la violencia” tras el asalto al Capitolio.
Este hecho histórico marcó un antes y un después en el debate sobre cómo los presidentes usan y abusan de las redes sociales.
Trump no es el único. En América Latina, desde López Obrador hasta Gustavo Petro, los mandatarios han convertido X en un arma para descalificar adversarios, difundir medias verdades y, en ocasiones, sembrar discordia.
¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el abuso de poder? ¿Qué dice la jurisprudencia internacional? Y en el caso colombiano, ¿cómo se está comportando el presidente Petro en esta esfera digital?
Las técnicas de abuso son variadas, pero se pueden sintetizar en tres:
El linchamiento digital, como cuando AMLO y sus “fifís”. Cada mañana, el presidente mexicano usaba su conferencia matutina y X para señalar a periodistas, empresarios o políticos opositores, creando una narrativa de “ellos contra el pueblo” o cuando Petro en el 2023 tildó a periodistas de Cambio y Semana de “mafiosos” por investigaciones incómodas. El efecto en ambos casos es que sus seguidores ataquen masivamente a los señalados.
La posverdad presidencial, como cuando en el 2022 Jair Bolsonaro tuiteó que las urnas electrónicas brasileñas eran fraudulentas, sin pruebas.
El resultado: sus seguidores bloquearon carreteras exigiendo un golpe militar; así mismo, Petro ha afirmado sin evidencias que sus opositores están tras “atentados” contra él o que algunos medios son “instrumentos de la derecha mafiosa”.
La polarización exprés, evidenciada por un estudio de The Economist que mostró que los tuits de Trump, con palabras como “traidor” o “enemigo”, tenían un 300% más de interacción.
Petro, con frases como “uribismo corrupto”, repite la fórmula de Trump y de tantos otros.
La jurisprudencia internacional poco a poco ha empezado a generar precedentes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso López Lone vs. Honduras (2015) en el que un juez fue destituido por criticar un golpe de Estado.
La CIDH falló que los funcionarios no pueden usar su poder para silenciar o desprestigiar críticos, o el Tribunal Europeo en el caso Delfi AS vs. Estonia (2015) que estableció que quien tiene gran alcance en redes debe moderar contenidos difamatorios; o el caso Trump y la Responsabilidad Presidencial, que en el 2023 un juez federal negó inmunidad a Trump en una demanda por incitación durante el asalto al Capitolio, con un concepto clave: “Un presidente no es un ciudadano común; sus palabras tienen consecuencias reales”.
El presidente Petro a diario ataca, descalifica y calumnia a todo el que no piensa como él.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), al menos 15 periodistas han recibido amenazas tras ser señalados por Petro o sus seguidores. Al respecto, Eduardo Bertoni, Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, advierte que “cuando un presidente usa su plataforma para atacar personas, no es un ciudadano más: está usando el poder del Estado”.
Un trino presidencial puede derribar reputaciones, alimentar crisis o incluso poner vidas en riesgo.
La pregunta no es si los presidentes deben usar X, sino hasta dónde podemos permitir que lo hagan sin rendir cuentas, de lo contrario todos estamos expuestos a la calumnia y la mentira desde el poder.