Se habla de los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, y otras ciudades, que por razones político-partidistas decidieron ponerle "freno de mano" a proyectos del Gobierno nacional, aunque con ello perjudicaran a sus propias comunidades, como diciendo: “aunque mi comunidad pierda, lo importante es que la gente crea que el presidente Gustavo Petro no hace nada”.

En Colombia la descentralización no se puede convertir en la fragmentación del territorio, ni en una competencia de egos locales. Necesitamos cooperación institucional; diálogo entre los gobiernos local, regional y nacional, y mucha participación ciudadana.

No es el momento para que ciertos líderes se crean los Falcao García del desarrollo local, “driblando” al Gobierno nacional cuando pueden, solo para presumir de goles políticos personales. Eso no construye Estado, eso lo desbarata.

Cuando una alcaldía no se articula, por puro cálculo político, pierde la gente, pierde el territorio, pierde el sentido de lo público, y pierde la ciudadanía que confunda la función del Estado, que en realidad es -o debería ser- construir un proyecto de nación, un proyecto de todos.

Para contrarrestar esa falencia necesitamos respeto por la institucionalidad, información clara y una ciudadanía con lupa en mano y voz en alto.

Pero el otro lado del espejo también tiene su encanto tragicómico: hay alcaldes, concejales, gobernadores y congresistas que se apropian de los programas y recursos del Gobierno nacional y los presentan como si estuvieran desarrollando gestiones propias.

Ejecutan obras, inauguran proyectos, cortan cintas... y no dicen ni pío sobre de dónde salieron los fondos. Es el viejo truco de “el mago soy yo”, aunque el sombrero sea prestado.

Recuerdo el caso de un amigo que gestionó un proyecto de placas huella para su vereda a través del programa nacional. Cuando el proyecto se ejecutó todos aplaudieron al alcalde... ¡como si él hubiera puesto los recursos! El amigo, entre risas y frustración, comentó: "Quedaron tan agradecidos con el alcalde que hasta le ofrecieron un sancocho... y eso que la plata la puso el Gobierno nacional".

Esta apropiación de lo público, sin reconocer su origen, es más que una descortesía institucional: es una falta ética que socava la confianza en el Estado. A corto plazo parece una jugada astuta, pero a la larga erosiona la democracia y distorsiona la percepción ciudadana sobre quién hace qué, para qué y por qué.

El reto ciudadano es monumental: distinguir entre quienes construyen país y quienes simplemente se cuelgan medallas ajenas.

Y como en toda historia en la que se rompe el equilibrio del poder, el ajuste llega cuando la verdad encuentra su camino: cuando las comunidades se informan, cuando se hace pedagogía sobre el rol del Gobierno nacional, cuando los medios de comunicación son leales a su tarea de informar con transparencia, y cuando se exige a los líderes regionales y locales coherencia, ética y rendición de cuentas... sin trucos de magia.

Después de todo, como diría el abuelo sabio del pueblo: “una cosa es ayudar, y otra muy distinta es robarse el aplauso”.

Coletilla: Si las mafias politiqueras de derecha le temen a la consulta, es porque saben el poder que tiene.