Hace 33 años, en marzo de 1992 para más señas, la historia del país quedó marcada con la imborrable huella del “apagón”, que durante 11 meses nos hizo padecer los rigores de la falta de energía eléctrica.
Todavía recuerdo el olor a ACPM y las pequeñas plantas eléctricas que abarrotaban los andenes de comercios y restaurantes. ¡Ah tiempos aquellos!
Pero más allá del terrible impacto que ese apagón tuvo sobre el aparato productivo nacional y la gran afectación a la economía del país, conviene recordar las condiciones que llevaron a semejante desastre.
Para resumir la historia, citemos solo tres: la falta de inversión en infraestructura eléctrica para la época, la ausencia de instituciones que regularan adecuadamente el sector y la concentración de la provisión del servicio en cabeza del Estado.
Afortunadamente, la respuesta institucional en ese momento se tradujo en la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, que le dieron confiabilidad al sistema y crearon tres importantísimas instancias para cimentar el binomio público-privado en el manejo del sector: la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Toda esa institucionalidad, sumada a la política pública de subsidios a algunos estratos de la población, así como a la posterior creación del famoso “cargo por confiabilidad” para la sostenibilidad financiera del sector, fueron la base fundamental para que la empresa privada supliera las cuantiosas inversiones en materia de generación y transmisión de energía eléctrica.
Por ello, el sector energético colombiano ha funcionado muy bien, como lo comprueba la superación de su principal reto: haber evitado un nuevo apagón a pesar de los ocho fenómenos de El Niño que el país ha soportado desde 1992.
No pueden decir lo mismo los 11 países latinoamericanos que en los dos últimos años han padecido algún apagón, bien por sequías extremas o por infraestructura obsoleta y falta de inversión.
¡Algo estaremos haciendo bien!
Pero con suma tristeza y preocupación hay que registrar que las actuales condiciones del sector se han deteriorado a pasos agigantados por cuenta del retraso de nuevos proyectos de generación y transmisión, envueltos en trámites burocráticos de licencias ambientales y frenados por la incertidumbre política y económica del país.
Y, de otra parte, por el debilitamiento de entidades como la CREG y el retraso en el pago de los subsidios y las deudas que dejaron la pandemia y el Gobierno anterior (mediante la llamada ‘opción tarifaria’), obligaciones que ascienden a $7 billones y que el Gobierno actual no quiere pagar.
Y si el Gobierno no paga, vienen graves problemas de liquidez financiera que se replican en todos los eslabones de la cadena: no le permiten al distribuidor de energía pagarle al transmisor, ni a este último pagarle al generador, lo que pone en riesgo todo el sistema.
Por ello hay que actuar con responsabilidad y firmeza.
Pareciera que están dadas todas las condiciones para que la historia se repita en el 2026, como la misma UPME lo viene advirtiendo. ¿Apagón 2.0 a la vista?