A partir de este primero de junio empezó a regir un decreto emitido por el Gobierno nacional que les multiplicó por dos, y hasta por tres, el valor de la retención en la fuente a muchos sectores de la economía. ¿Qué pretende con ello el Gobierno? Sencillamente, como no pudo sacar adelante una nueva reforma tributaria, echó mano de esta medida para cobrar anticipadamente unos impuestos que deberían recaudarse en el 2026.
Se estima que con esta “jugadita” podrían recaudarse alrededor de 7 billones de pesos anuales, algo así como el 0,4% del PIB. Una cifra nada despreciable que mejoraría temporalmente las cuentas fiscales, pues reduciría levemente la meta de déficit fiscal de este año, actualmente en 5,1% del PIB. El problema está en que esos 7 billones corresponden al recaudo del próximo año y va a ser muy difícil, por no decir imposible, que el gobierno entrante reverse la medida. Palabras más, palabras menos, están generando un nuevo hueco fiscal que persistirá indefinidamente y no solucionará de fondo el problema estructural de las finanzas públicas colombianas.
Pero en honor a la verdad, hay que aclarar que el actual Gobierno No se está inventando el recaudo anticipado de impuestos. La ‘retención en la fuente’ existe desde hace mucho tiempo en Colombia, así como la autorretención de ingresos que deben hacerse las empresas cada vez que emiten una factura. Y también existe desde hace muchísimos años el famoso ‘anticipo de renta’ equivalente al pago de una porción del impuesto del año entrante al momento de presentar la declaración anual de renta. La figura pues, no es nueva.
Es más, muchas ciudades de Colombia han copiado estos mecanismos de retención en la fuente, autorretención y anticipo, y lo han establecido para el Impuesto de Industria y Comercio, seguramente con el propósito de contar con mayores recursos para inversión. Manizales es un claro ejemplo de ello. Y hasta ahí todo bien.
Pero el asunto se complica cuando comienza a abusarse de este tipo de medidas para resolver faltantes de caja y problemas estructurales de las finanzas públicas, como es el caso del Gobierno nacional. Analistas económicos, políticos y empresarios por igual, han puesto el grito en el cielo y algunos, incluso, han catalogado esto como una reforma tributaria disfrazada que, además, va a tener un impacto tremendamente nocivo en el sector productivo colombiano, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas que verán afectada su liquidez y por ende su operación, lo que seguramente les implicará aplazar decisiones de crecimiento e inversión para los próximos años. 
No hay que abusar de la figura de la ‘retención en la fuente’ ni del anticipo de impuestos. Todo en su justa medida. Más bien lo que hay que hacer es aplicar un manejo responsable y austero de la hacienda pública. El famoso refrán que encabeza esta columna, evidentemente nos advierte sobre la inconveniencia de solucionar un problema de hoy sin pensar en las consecuencias para el futuro. “Pan para hoy y hambre para mañana”, sintetiza perfectamente este debate.